Las Costas: Los desalojos siguen vigentes
La Justicia rechazó un pedido de nulidad en la causa por la Reserva Finca Las Costas. Los desalojos de 24 ocupaciones no fueron suspendidos, aunque una nueva resolución incorporó requisitos para ejecutarlos. La Unidad Fiscal Ambiental y la Fiscalía de Estado apelaron esa decisión ante la Corte de Justicia de Salta.
La disputa judicial por las ocupaciones en la Reserva Finca Las Costas sumó nuevas decisiones. La Justicia rechazó un planteo de nulidad presentado en el amparo colectivo que busca proteger el área, mientras continúa pendiente la resolución de dos apelaciones vinculadas con los desalojos ordenados.
La Unidad Fiscal Ambiental, integrada por los fiscales Rodrigo Erazo Schmidt y Federico Jovanovics, se opuso al pedido de nulidad y cuestionó una resolución judicial que incorporó nuevos recaudos para ejecutar las desocupaciones.
El punto central es que los desalojos no fueron suspendidos. Sin embargo, las condiciones incorporadas por la resolución apelada podrían afectar su ejecución.
Qué ocurrió con las 24 ocupaciones
Las órdenes de desalojo alcanzan a 24 ocupaciones realizadas sin autorización estatal dentro de la reserva.
De acuerdo con las actuaciones, esas ocupaciones se produjeron después de que la Justicia dictara una medida cautelar de no innovar que prohibía nuevas ocupaciones ilegales.
La prohibición había sido notificada en el proceso y señalizada mediante carteles colocados en distintos sectores y accesos al área protegida.
Pese a ello, se registraron nuevas ocupaciones que quedaron comprendidas en las medidas judiciales de desocupación.
Posteriormente, una resolución incorporó requisitos adicionales para llevar adelante los desalojos.
Tanto la Unidad Fiscal Ambiental como la Fiscalía de Estado apelaron esa decisión. Ahora será la Corte de Justicia de Salta la que deberá resolver ambos recursos.
Rechazaron un pedido de nulidad
En el mismo proceso, la Justicia rechazó un planteo de nulidad formulado por una persona que había presentado diferentes argumentos sobre su relación con las tierras.
Según informó la Unidad Fiscal Ambiental, el solicitante invocó pertenencia a una comunidad indígena, planteó una pretensión de adquisición de varias hectáreas mediante posesión veinteañal y reconoció haber celebrado un contrato de arrendamiento con la Provincia.
La Fiscalía señaló que esas posiciones resultaban jurídicamente contradictorias.
También indicó que, durante el trámite del amparo, no se acreditó actividad comunitaria indígena por parte de quienes invocaron individualmente esa representación.
Una reserva protegida desde 2020
El amparo colectivo tramita desde 2020 y tiene como finalidad proteger la Reserva Finca Las Costas, un área de dominio público estatal amparada por la Ley Provincial 7107.
Su importancia ambiental está vinculada, entre otros aspectos, con la protección de una cuenca hídrica que abastece a un sector significativo de la población.
En ese proceso, el Ministerio Público Fiscal representa los intereses colectivos comprometidos y controla el cumplimiento de la medida cautelar.
Además, impulsa el avance del plan de gestión integral, preservación y ordenamiento territorial de la reserva.
Verificaron el cese de vertidos contaminantes
La Unidad Fiscal Ambiental también informó sobre las actuaciones realizadas ante denuncias relacionadas con descargas de efluentes provenientes de barrios privados de San Lorenzo Chico y otros emprendimientos cerrados cercanos.
La investigación comprendió tres plantas depuradoras cuyos vertidos no contaban con tratamiento suficiente.
A partir de intimaciones, audiencias y requerimientos sustentados en informes técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se realizaron nuevas verificaciones.
Según los resultados informados, los profesionales del CIF constataron el cese de los vertidos y la inexistencia de afectación ambiental en las verificaciones efectuadas.
De esta manera, el proceso judicial mantiene dos cuestiones diferenciadas: la ejecución de los desalojos de las 24 ocupaciones, cuyos nuevos requisitos están bajo revisión de la Corte, y el seguimiento de las condiciones ambientales de la reserva.
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