Narcotráfico: Seis condenados por transportar marihuana a Tucumán

Seis personas terminaron condenadas por una operación de transporte de marihuana desde Salta hacia Tucumán que fue descubierta en septiembre de 2024, durante un control de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 68, cerca de Cafayate.

El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta dictó cinco nuevas condenas el 9 de octubre, con penas de hasta siete años de prisión. Un sexto involucrado ya había sido condenado en abril de 2025 mediante un acuerdo pleno.

La investigación permitió reconstruir cómo los acusados organizaron el traslado de más de 23 kilos de marihuana en dos automóviles Renault Logan. Uno transportaba los paquetes y el otro circulaba adelante para advertir sobre posibles controles.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Salta, y la auxiliar fiscal Roxana Gual.

Las condenas

El tribunal, integrado por las juezas Gabriela Catalano, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, impuso las siguientes penas:

• Alejo Ricardo Silva: siete años de prisión.

• Emilio Alejandro Tapia: seis años y seis meses.

• Luciano Cancino: seis años.

• Mara Antonella Di Bez: seis años, bajo arresto domiciliario.

• Luis Benjamín Vicente: tres años de prisión de ejecución condicional.

Los primeros cuatro fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes, mientras que Vicente fue condenado como partícipe secundario.

A ellos se suma Enzo Javier Gutiérrez, condenado el 30 de abril de 2025 a cuatro años de prisión bajo arresto domiciliario.

Dos autos, radios y una fuga al monte

El procedimiento que originó la causa ocurrió el 14 de septiembre de 2024, alrededor de las 5.30, cuando gendarmes detuvieron un Renault Logan a unos ocho kilómetros de Cafayate.

El vehículo era conducido por Silva, acompañado por Tapia, Cancino y Vicente.

Minutos después llegó un segundo Renault Logan, alquilado, en el que viajaban Gutiérrez y su pareja, Di Bez.

Los investigadores advirtieron que ambos automóviles se desplazaban de manera coordinada y que cada uno llevaba un equipo de comunicación portátil.

Al revisar el baúl del segundo vehículo, encontraron 24 paquetes de marihuana, con un peso total superior a los 23 kilos.

Durante el procedimiento, Silva escapó hacia una zona de monte. Permaneció prófugo hasta el 6 de agosto de 2025, cuando fue detenido después de regresar de Brasil, donde, según sostuvo la fiscalía, se había ocultado durante aproximadamente once meses.

Cómo se organizó el transporte

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Silva lideraba la operación y que había empeñado un automóvil de su propiedad para reunir dinero destinado a comprar la droga.

Gutiérrez alquiló el vehículo utilizado para trasladar la marihuana, mientras que Tapia aportó un automóvil perteneciente a su madre, empleado como coche puntero.

El tribunal ordenó el decomiso de este último vehículo, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

La acusación también atribuyó a Di Bez y Cancino una participación activa en la planificación del traslado, mientras que consideró secundaria la intervención de Vicente.

Todos los involucrados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta. Según la fiscalía, esperaban obtener ganancias con la operación y habían comenzado a establecer vínculos con otras estructuras narcocriminales de la región.

Durante el debate, Villalba destacó que «la droga era de todos», expresión que uno de los acusados había utilizado al prestar colaboración en la investigación.

Las defensas intentaron desvincular a sus representados del transporte y argumentaron que desconocían la existencia del cargamento. El tribunal rechazó esos planteos y consideró acreditada su responsabilidad penal.

Por qué rechazaron reducir una condena

Uno de los puntos particulares de la sentencia fue el análisis de un pedido de reducción de pena formulado por la defensa de un acusado que había celebrado un acuerdo de colaboración.

El imputado, cuya identidad se mantiene reservada, aportó información sobre una persona que presuntamente participaba en la comercialización y el transporte de drogas en barrio Santa Ana.

Para evaluar esos datos, declararon dos investigadores de la Policía de Salta durante una audiencia reservada.

Los efectivos explicaron que la persona mencionada ya era conocida en el barrio y que las tareas realizadas no habían producido resultados positivos hasta ese momento.

La fiscalía sostuvo que la información no había resultado eficaz para la investigación y se opuso a aplicar el beneficio previsto en el artículo 41 ter del Código Penal.

El tribunal coincidió con ese criterio y rechazó por unanimidad la reducción solicitada.

En sus fundamentos, las juezas señalaron que no alcanza con aportar información genérica o conocida públicamentepara obtener una disminución de la pena. Los datos deben ser concretos y permitir identificar hechos, personas, lugares o circunstancias que la investigación desconocía o no podía comprobar por sus propios medios.

Penas inferiores a las solicitadas

Durante la audiencia de determinación de penas, Villalba y Gual habían solicitado siete años y seis meses para Silva, siete años para Di Bez, seis años y seis meses para Cancino y cuatro años para Vicente.

El tribunal impuso penas inferiores a esos pedidos. En el caso de Tapia, coincidió con los seis años y seis meses requeridos por la fiscalía.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron sus solicitudes en la cantidad de droga transportada, los medios empleados y el daño potencial a la salud pública. Según la estimación presentada durante el juicio, la marihuana secuestrada era suficiente para elaborar aproximadamente 55.000 dosis.