Fuerte malestar con Posco: Provincia perdió la confianza y tratará solo con el presidente

El conflicto judicial que volvió a colocar a Posco en el centro de la escena dejó al descubierto algo más que una controversia comercial entre la minera y un proveedor salteño. También expuso el creciente malestar del Gobierno provincial con una de las principales inversiones de litio de Salta.

En una entrevista exclusiva con Interactiva Noticias, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, reveló que la Provincia adoptó una decisión inédita respecto de la empresa: dejó de relacionarse con sus equipos técnicos y concentró el diálogo únicamente en el presidente de la compañía, debido a la pérdida de confianza generada por distintos conflictos.

"Hace un mes decidimos relacionarnos directamente con el presidente. No tenemos ya confianza en los rangos medios ni en los intermediarios", afirmó el funcionario.

Carrizo explicó que esta medida no se adoptó con ninguna otra empresa minera que opera en Salta y la atribuyó a problemas reiterados en la comunicación y en la gestión de situaciones vinculadas con proveedores locales.

"Hay un problema de humildad"

Consultado sobre el conflicto judicial que derivó en una medida cautelar contra Posco, el funcionario evitó opinar sobre la actuación de la Justicia, aunque dejó un fuerte mensaje hacia la empresa.

"Hay un problema mucho más importante que el cumplimiento de una norma; hay un problema de humildad, porque cuando uno es humilde, respeta, y si uno respeta, todas las alianzas suceden", sostuvo.

Carrizo recordó que el Gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento a las inversiones, aunque dejó en claro que el respeto a las reglas locales y a los proveedores salteños constituye un límite innegociable.

"Bienvenidas las inversiones, pero las reglas son nuestras", enfatizó.

Reconoció otros conflictos con proveedores

Durante la entrevista, el secretario de Minería reveló que el caso que hoy tramita en la Justicia no fue el primero.

Explicó que la Secretaría ya intervino anteriormente para resolver dos o tres contingencias entre Posco y empresas proveedoras, actuando como instancia administrativa para acercar posiciones antes de que los conflictos escalaran.

"Tenemos la facultad administrativa de trabajar como amigables componedores y ya resolvimos otras situaciones", indicó.

Sin embargo, admitió que el expediente que hoy se encuentra judicializado nunca llegó a conocimiento de la Secretaría antes de que estallara públicamente.

"Nos enteramos por los medios. La empresa nunca vino a plantearlo y nosotros tampoco conocíamos el contrato entre las partes", señaló.

"Es mucho el esfuerzo que hace la Provincia"

Carrizo no ocultó su malestar por el impacto que este tipo de situaciones genera sobre el desarrollo minero provincial.

"Es mucho el esfuerzo que hace la Provincia para generar inversiones. Lo que más me duele es el mensaje que reciben las comunidades de la Puna cuando ven este tipo de conflictos", expresó.

Incluso sostuvo que cuando una empresa acumula conflictos de este tipo deja de tratarse de episodios aislados.

"Cuando decidimos relacionarnos solamente con el presidente advertimos que había una falla grave. Perder la confianza en todos los equipos técnicos no es poca cosa", afirmó.

El gobernador pidió explicaciones

El secretario confirmó además que el gobernador Gustavo Sáenz siguió de cerca la situación apenas trascendió el conflicto judicial.

Según explicó, el mandatario le solicitó un informe sobre las acciones que la Secretaría venía desarrollando respecto de la empresa y sobre el funcionamiento de los mecanismos de auditoría y control que aplica la Provincia.

Carrizo aseguró que esos sistemas continúan vigentes para todas las compañías mineras que operan en Salta y remarcó que el objetivo es garantizar transparencia y proteger tanto a los trabajadores como a los proveedores locales.

El antecedente

Las declaraciones del secretario de Minería se producen luego de que trascendiera una medida cautelar dictada por la Justicia salteña en el marco de un conflicto contractual entre Posco y un proveedor local.

Mientras algunas publicaciones señalaron que se trataba de un embargo millonario, la empresa emitió un comunicado en el que aclaró que la medida cautelar asciende aproximadamente a 350.000 dólares, negó un congelamiento de cuentas por varios millones y sostuvo que la controversia responde a un conflicto comercial que aún no tiene una resolución definitiva.