Nación retuvo fondos para infraestructura mientras las provincias reclaman por las rutas

La discusión por el estado de las rutas nacionales y el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles volvió a enfrentar al Gobierno nacional con las provincias.

Entre enero y julio de 2026, la recaudación acumulada por el Impuesto a los Combustibles Líquidos alcanzó los $3,839 billones. Parte de esos recursos tiene asignaciones específicas vinculadas, entre otros destinos, a infraestructura hídrica, transporte e infraestructura vial.

Un ejercicio elaborado por la consultora Galois calculó qué habría ocurrido si el 35,44% de esa recaudación, actualmente destinado a fondos específicos, se hubiera distribuido mediante los coeficientes de coparticipación federal.

Según esa estimación, las 24 jurisdicciones habrían recibido en conjunto $784.290 millones adicionales entre enero y julio.

La mayor suma habría correspondido a Buenos Aires, con $166.359 millones, seguida por Santa Fe, con $67.704 millones, y Córdoba, con $67.266 millones. En el caso de Salta, el cálculo arroja $29.037 millones.

La estimación no implica que ese dinero constituyera una deuda de Nación con las provincias bajo el régimen vigente. Se trata de una simulación que permite dimensionar cuánto recibirían las jurisdicciones si se modificara el actual esquema de asignación de una parte del impuesto.

Fondos para infraestructura bajo la lupa

El cuestionamiento de los gobernadores apunta también al destino que el Gobierno nacional viene dando a recursos asociados a infraestructura. Al cierre de mayo, más de $1 billón correspondiente al componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte se encontraba colocado en inversiones financieras, de acuerdo con la información difundida sobre la ejecución de esos fondos.

La controversia adquiere especial relevancia por el deterioro de las rutas nacionales y la reducción de la obra pública desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mientras las provincias reclaman intervenciones y mantenimiento, parte de los recursos vinculados a infraestructura permanece invertida financieramente y contribuye al esquema fiscal de Nación.

La discusión no es nueva. En 2025, los gobernadores impulsaron en el Congreso una modificación del reparto del impuesto a los combustibles para eliminar fondos y asignaciones específicas y elevar al 57,02% la participación de las provincias.

La iniciativa obtuvo 56 votos contra uno en el Senado, pero no consiguió convertirse en ley en Diputados: reunió 126 votos, tres menos de los 129 que la presidencia de la Cámara consideró necesarios para aprobar una modificación vinculada al régimen de coparticipación.

El planteo vuelve ahora al centro de la discusión con un problema concreto de fondo: las provincias reclaman recursos para atender una red vial nacional deteriorada mientras una parte de los fondos recaudados con destinos asociados a infraestructura permanece sin volcarse a obras.