Verónica Simesen de Bielke, recientemente designada Fiscal de Derechos Humanos, se refirió a el cuestionado decreto 255 surgido por la pandemia del Covid-19 en Salta.
Ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski, presentaron ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo a favor de los salteños.
Entre las numerosas denuncias recibidas se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por ese Decreto. Pese a las demandas judiciales sobre inconstitucionalidad y las advertencias de las organizaciones de Derechos Humanos de Salta sobre la vulneración de los derechos y garantías de los ciudadanos, el decreto se implementó, no tuvo tratamiento parlamentario y se convirtió automáticamente en ley el pasado martes.
“Me parece que tiene visos de inconstitucionalidad claramente. Desde las Comisiones Internacionales hasta la Constitución, prohiben al Ejecutivo legislar en materia penal.
“Claramente el Decreto establece un régimen sancionador con una pena de carácter privativa de la libertad la que solo puede estar dispuesta por los jueces”.
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