La caída de Julieta Makintach ya es un capítulo cerrado en la Justicia bonaerense. El Jurado de Enjuiciamiento decidió de manera unánime destituirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cualquier cargo judicial, tras dar por acreditado un entramado de irregularidades que, según remarcaron, quebró la confianza pública y destruyó los estándares mínimos que debe cumplir quien ocupa un estrado.
La exjueza de San Isidro había quedado en el centro del escándalo desde que estalló la existencia de “Justicia Divina”, una miniserie filmada de manera clandestina en pleno juicio por la muerte de Diego Maradona, proceso en el que ella misma intervenía. Ese vínculo —directo, oculto y comercial— fue el principio del fin: para el jurado, la mera participación de una magistrada en un producto audiovisual sobre un juicio en curso dinamitó cualquier apariencia de imparcialidad.
En la lectura del veredicto, realizada en el salón “Nunca Más” del anexo del Senado bonaerense, el tribunal enumeró nueve conductas calificadas como graves, reiteradas y totalmente incompatibles con la magistratura. Desde el ingreso irregular de un equipo de filmación a los tribunales en un día inhábil, hasta la habilitación de grabaciones prohibidas dentro del debate oral, Makintach habría utilizado su posición para avanzar con un proyecto personal ajeno a toda función judicial.
El jurado también determinó que desautorizó al personal policial que intentó impedir la filmación, empleó recursos públicos para fines privados y mantuvo una conducta mentirosa y persistente, incluso frente a familiares de Maradona, a quienes aseguró que el documental no existía. Las pruebas la mostraban, sin embargo, actuando como protagonista dentro del edificio judicial.
La sentencia además señaló que Makintach incurrió en parcialidad manifiesta, movida por un evidente interés en el éxito del proyecto audiovisual. Ese accionar terminó provocando la nulidad del juicio y una nueva revictimización de los familiares del astro del fútbol.
El veredicto fue contundente: Makintach actuó “fuera de la prudencia inherente al cargo”, buscando protagonismo mediático y exponiendo al Poder Judicial a un daño profundo en su credibilidad. Por eso, además de su destitución, deberá enfrentar ahora un proceso penal por presuntos delitos que incluyen cohecho pasivo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otros.
Tras conocerse la decisión, la exmagistrada rompió el silencio en una entrevista televisiva y apuntó contra una amiga como impulsora del proyecto. Su defensa, sin embargo, difícilmente pueda revertir un fallo inapelable que selló una de las caídas más abruptas dentro del fuero penal bonaerense.







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