La causa Vialidad volvió a sacudir el tablero político y judicial del país. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ordenó el decomiso de bienes y dinero por un monto actualizado que supera los $684.990 millones, una cifra récord que afecta a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, sus hijos Máximo y Florencia, y un grupo de exfuncionarios y empresarios condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La resolución, firmada hoy, 18 de noviembre, se dictó tras adquirir firmeza la sentencia condenatoria en junio de este año. Aquella decisión inicial había fijado un decomiso de poco más de $84 mil millones, pero los peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema recalcularon el monto a valores actualizados, estableciendo una cifra ocho veces mayor. Al no cumplirse la intimación de pago, el tribunal avanzó con la medida más contundente: la incautación de bienes inmuebles y activos económicos.
El decomiso alcanza propiedades de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal incluso prevé ejecutar los bienes personales de varios condenados —como Nelson Periotti, José López y otros exfuncionarios— si los activos iniciales no alcanzan para cubrir el monto final.
En su resolución, el TOF 2 afirmó que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos, directos e indirectos, tanto para Báez como para la familia Kirchner, producto de la adjudicación irregular de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según el fallo, los bienes decomisados constituyen instrumentos o provecho del delito, incluso si se encuentran en manos de terceros, salvo aquellos que puedan demostrar haberlos adquirido de buena fe.
Las defensas intentaron frenar la medida alegando falta de nexo causal, pruebas insuficientes, afectación a principios constitucionales y la inclusión de bienes previos a la función pública, pero los jueces rechazaron cada planteo. La decisión, además, se apoya en normas nacionales y en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos provenientes de delitos contra la administración pública.
El tribunal ordenó inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y notificó a la Corte Suprema para que determine su destino final, priorizando la reparación del daño causado al Estado. La Fiscalía conservará la facultad de investigar e incorporar nuevos activos que puedan estar vinculados a la maniobra, mientras avanza la ejecución de la sentencia.
Con este decomiso histórico, la Justicia deja sentado un precedente de enorme impacto político y económico. Y la causa Vialidad, lejos de cerrarse, vuelve a instalarse en el centro de la escena nacional.
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