El Gobierno provincial dio un paso clave en su plan de reorganización institucional. Tal como había anticipado semanas atrás el gobernador Gustavo Sáenz, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el proyecto de ley que redefine por completo la estructura ministerial de Salta, con el objetivo de simplificar la administración, mejorar la coordinación interna y optimizar el funcionamiento de cada área.
La iniciativa propone un gabinete compuesto por una Jefatura de Gabinete, ocho ministerios y la Secretaría General de la Gobernación. El reordenamiento implica, entre otras modificaciones, el traspaso de las competencias de Justicia al Ministerio de Gobierno —antes pertenecientes a Seguridad— para que este último pueda concentrarse exclusivamente en la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad provincial. También destaca la creación del Ministerio de Producción y Minería, una manera explícita de colocar a la actividad minera en el centro de la estrategia económica provincial.
El proyecto confirma, además, la eliminación del Ministerio de Infraestructura y el retorno de la figura del Jefe de Gabinete, que se posicionará como articulador directo entre el Gobernador, los ministros y los municipios. En total, se mantienen ocho carteras y se fija un máximo de 27 secretarías de Estado, cuya creación y funciones quedarán bajo decreto del Ejecutivo.
El documento también redefine el alcance de las atribuciones del Gobernador, ratificando su rol central en la formulación de políticas públicas, la administración del Estado y la representación de la Provincia ante la Nación y organismos internacionales. El texto le otorga facultades para supervisar entes estatales, decidir designaciones y contrataciones, fijar escalas salariales, centralizar la liquidación de haberes y aprobar reestructuraciones funcionales en toda la administración pública. En cuanto a la formación de leyes, se mantiene la iniciativa legislativa del Ejecutivo y se especifican los plazos para la promulgación u observación de normas.
El Vicegobernador queda definido como el puente institucional entre el Ejecutivo y las Cámaras Legislativas. Tendrá la posibilidad de exponer planes de gestión ante la Legislatura cuando el Gobernador lo requiera y será el encargado de reemplazarlo en casos de licencia, incapacidad, renuncia o vacancia definitiva. También podrá participar de las reuniones de gabinete y deberá ajustarse al régimen de incompatibilidades que alcanza a todo el alto mando estatal.
El proyecto establece prohibiciones estrictas para el Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios: no podrán realizar actividades comerciales o profesionales vinculadas al Estado, intervenir en causas donde participe la Provincia ni desempeñar funciones que comprometan su imparcialidad. La única excepción admitida es la docencia.
La propuesta detalla exhaustivamente las competencias específicas de cada cartera: desde la coordinación general y planificación en la Jefatura de Gabinete, pasando por las políticas educativas, sociales, sanitarias y productivas, hasta la regulación turística y el diseño de estrategias de seguridad. La Secretaría General de la Gobernación, por su parte, asumirá tareas clave como el despacho de asuntos del Ejecutivo, el control legal y técnico de los actos administrativos, la numeración de leyes y decretos y la elaboración de estadísticas y censos.
Finalmente, el texto habilita al Gobernador a realizar todas las reestructuraciones orgánicas y presupuestarias necesarias para implementar la reforma. La norma derogará leyes previas y entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación, abriendo paso a un Estado reconfigurado que busca ganar eficiencia, claridad y capacidad de respuesta.







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