La Justicia federal dio este martes un paso decisivo en la causa conocida como “Seguros”, al confirmar el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La resolución, firmada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, sostiene que existió un “direccionamiento delictivo” en la contratación de seguros estatales mediante intermediarios vinculados al entorno del exmandatario.
El expediente, que nació a partir de la investigación sobre la operatoria del Banco Nación y Nación Seguros, apunta a un esquema en el que brokers cercanos —principalmente Héctor Martínez Sosa— habrían sido favorecidos mediante la concentración de las pólizas del Estado en esa aseguradora, una maniobra que habría sido posible gracias a un decreto impulsado por el propio Fernández durante su gestión.
Para los jueces, el mecanismo tuvo un eje claro: “el ejercicio de influencia” del entonces Presidente, ejecutado a través de su secretaria y hoy coimputada, María Cantero, pareja de Martínez Sosa. El fallo remarca que funcionarios de Nación Seguros y organismos estatales participaron de manera directa para sostener el entramado que, según la investigación, generó negocios millonarios bajo una apariencia de legalidad.
La Cámara también ratificó los procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país para Martínez Sosa, Cantero y otros implicados en la causa. En el texto, los camaristas señalan que, tras el decreto presidencial, el volumen de negocios para Nación Seguros “creció exponencialmente” y que ese escenario “fue aprovechado” por el círculo cercano al expresidente.
Los jueces citaron intercambios registrados en la causa para afirmar que Fernández habría intervenido personalmente “para garantizar la continuidad de operaciones que los beneficiaban”, consolidando un rol activo dentro de las maniobras. Esa participación —remarcaron— no fue accidental: derivó del uso directo del cargo presidencial para incidir en decisiones que involucraban fondos públicos.
Con esta confirmación, la causa avanza hacia una fase central, mientras el expresidente enfrenta uno de los procesos judiciales más complejos desde su salida del poder. El expediente continúa creciendo y, según fuentes judiciales, podría escalar aún más a medida que se profundizan los análisis sobre contratos, comunicaciones internas y vínculos entre los distintos actores involucrados.
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