En una de las causas más impactantes de los últimos años en el norte argentino, nueve mujeres fueron condenadas y una adolescente de 17 años declarada responsable penalmente por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Las diez viajaban en un micro interurbano con 60 kilos de cocaína adheridos a sus cuerpos, en una operación que dejó al descubierto la creciente feminización del narcotráfico y las estrategias de las organizaciones criminales para explotar la vulnerabilidad social.
El caso, ocurrido en septiembre de 2024, fue detectado por personal de Gendarmería Nacional en el puesto de control de la Ruta Nacional 50, en el kilómetro 46, a pocos kilómetros de la ciudad de Orán. La droga tenía una pureza del 82% y una capacidad estimada de producción de 495 mil dosis, suficiente para abastecer durante semanas el mercado ilegal de una ciudad mediana.
La investigación, dirigida por el fiscal federal Marcos Romero, culminó en un juicio ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, conformado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi. La sentencia fue dictada el pasado 5 de junio.
El tribunal impuso penas de 6 años y 3 meses de prisión para seis de las acusadas. En el caso de Eliana Sixta, con antecedentes, la pena fue unificada en 7 años y 3 meses. Para Natalia Vaca, reincidente y violadora de un arresto domiciliario, la pena fue de 7 años y 9 meses. Y para Silvana Sixta, también con condena previa, 7 años y 3 meses.
Tres de las condenadas, incluyendo a una madre de un niño con discapacidad, accedieron a régimen de prisión domiciliaria, aunque en el caso de Vaca se supeditó a la colocación de una tobillera electrónica, tras constatar que había incumplido medidas judiciales previas.
La adolescente de 17 años, en tanto, fue declarada responsable penal, pero su sanción quedará sujeta a un tratamiento tutelar, conforme a la ley penal juvenil.
La estrategia narco: mujeres, vulnerabilidad y silencio
Este caso expone el mecanismo utilizado por las redes narco: captar a mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solas, sin ingresos estables, con vínculos familiares entre sí y reclutadas para cumplir roles logísticos de bajo perfil, pero de altísimo riesgo judicial.
“No conozco otro antecedente en el país de un hecho con diez mujeres llevadas a juicio por narcotráfico”, afirmó el juez Batule, al remarcar la gravedad del caso y el modus operandi de las bandas criminales.
Las detenidas llevaban los paquetes rectangulares adheridos con cinta al abdomen y a la cintura. Cada una transportaba entre 5 y 7 ladrillos de cocaína. Se movilizaban en un colectivo de línea de la empresa San Antonio, que había partido de Aguas Blancas con dirección a Orán.
Durante la revisión, personal femenino de Gendarmería detectó irregularidades visibles a simple vista, lo que derivó en una requisa con testigos. La droga fue incautada, se decomisaron 10 celulares y se encontraron sumas de dinero que iban desde 2 mil hasta 73 mil pesos, lo que reforzó la hipótesis de que no se trataba de mulas aisladas, sino de una maniobra conjunta y planificada.
Las comunicaciones: prueba clave
El Ministerio Público Fiscal accedió a los teléfonos secuestrados y detectó que las mujeres se comunicaban entre sí antes, durante y después del viaje, lo que dio indicios sólidos de que se trataba de un plan común. Varias de ellas son familiares: hermanas, primas o cuñadas. El vínculo no solo facilitó la captación, sino que consolidó el nivel de coordinación interna.
La fiscalía recalcó que el hecho fue agravado por el “número de intervinientes y su carácter organizado”. También destacó el alto grado de pureza de la cocaína, lo que aumenta el riesgo sanitario y social si hubiera llegado a destino.
Justicia con perspectiva de género (pero sin impunidad)
Uno de los puntos más discutidos fue el abordaje de la causa con perspectiva de género. Las juezas Cataldi y Catalano coincidieron en que la justicia debe considerar los contextos de vulnerabilidad y los compromisos internacionales que protegen a mujeres en situación de riesgo. Pero, también advirtieron, eso no puede justificar ni eximir del reproche penal.
“Estas mujeres fueron utilizadas por organizaciones que conocen perfectamente los límites legales, y se valen de la desesperación o las necesidades económicas. Pero eso no puede dejar sin respuesta a la sociedad”, señaló Cataldi.
En ese sentido, el tribunal equilibró la sanción penal con medidas humanitarias como la prisión domiciliaria para madres con hijos a cargo. Aun así, la sentencia fue clara: hubo un acuerdo previo, hubo logística, hubo transporte, y hubo delito.
Una alerta para las fronteras y las periferias
El caso vuelve a poner el foco en el rol clave de las rutas fronterizas como Aguas Blancas – Orán en el tránsito de estupefacientes. El uso de colectivos de línea, la carga transportada en el cuerpo, y la participación de personas locales muestran que el narcotráfico ya no es solo una estructura externa, sino una economía sumergida que se nutre de la pobreza, la informalidad y la falta de oportunidades.
El desafío que queda ahora es doble: combatir con firmeza a las redes que reclutan y lucran con la necesidad, pero también construir políticas de prevención, contención y desarrollo real en territorios vulnerables, donde estas historias se repiten con nombres distintos, pero con las mismas consecuencias.
Comments