Una vez más, la realidad del norte profundo de Salta llegó al recinto del Senado Provincial. En una intervención cargada de firmeza y preocupación, el senador por el departamento Santa Victoria, Luis Arnaldo Altamirano, volvió a poner sobre la mesa un conflicto silenciado por la distancia geográfica, pero de gravedad creciente: la crisis institucional, social y territorial que se vive en la comunidad de Mecoyita, en Santa Victoria Oeste, limítrofe con Bolivia.
Desde la banca, Altamirano alertó sobre una situación que, según sus palabras, “persiste y se agrava”: la apropiación violenta y arbitraria de un paso fronterizo no habilitado oficialmente, históricamente usado por comunidades originarias de ambos lados de la frontera, hoy convertido en una zona de cobros ilegales, intimidaciones y sometimiento por parte de un grupo no identificado.
“Se trata de un corredor natural, cultural, cuya existencia antecede incluso a la conformación de los estados nacionales”, recordó el legislador, subrayando el valor histórico y simbólico del paso informal entre Mecoyita y Mecoya (Estado Plurinacional de Bolivia).
Violencia, abandono y soberanía vulnerada
Según el testimonio del senador, en ese punto remoto del mapa provincial —donde la presencia del Estado es difusa— un grupo armado cobra peajes ilegales a los vehículos que ingresan o salen del territorio argentino. Este accionar, según denunció, viola principios constitucionales, vulnera derechos humanos básicos y socava la soberanía nacional.
“Es un agravio no solo a las comunidades que históricamente han transitado ese espacio, sino también al Estado argentino”, expresó con firmeza.
La situación, de acuerdo con Altamirano, no solo permanece fuera del radar de los medios de comunicación, sino que no ha sido abordada de manera contundente ni por el Estado provincial ni por organismos nacionales con competencia en la zona.
Una denuncia en la Justicia Federal
Frente a esta inacción institucional, el legislador informó que formalizó una presentación judicial ante la Justicia Federal con asiento en Orán, solicitando la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal Federal. El objetivo, sostuvo, es claro: restaurar el orden jurídico, garantizar la seguridad de las comunidades y evitar una escalada violenta en una región ya marcada por la vulnerabilidad estructural.
En el tramo final de su intervención, Altamirano interpeló directamente a todos los estamentos de gobierno —nacional y provincial— para que actúen con urgencia, entendiendo la delicada situación humana, institucional y geopolítica que se está desarrollando en el extremo noroeste salteño.
“El conflicto no puede naturalizarse. La convivencia pacífica entre las comunidades, el respeto por los derechos humanos y la defensa de nuestra soberanía territorial exige una respuesta inmediata en la comunidad de Mecoyita”, concluyó.
Una deuda del Estado con su frontera olvidada
Lo que ocurre en Santa Victoria Oeste no es un simple conflicto local. Es el síntoma de un problema estructural: la ausencia sistemática del Estado en las fronteras más postergadas. La falta de presencia institucional, de seguridad, de infraestructura, y de canales formales de circulación, abre paso a actores informales que ocupan el vacío con violencia.
Altamirano no sólo denunció una situación puntual. Puso el dedo en la llaga de un debate incómodo pero urgente: ¿quién gobierna realmente en las zonas fronterizas olvidadas? ¿El Estado argentino o estructuras paralelas que actúan sin control?
El desafío es que las instituciones actúen. Porque la soberanía no se defiende con discursos, sino con presencia concreta y sostenida. Y porque los pueblos originarios y criollos de nuestra frontera merecen algo más que la indiferencia: merecen justicia, seguridad y dignidad.
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