En la quinta jornada del juicio oral contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de integrar una red narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1, la Fiscalía presentó pruebas contundentes y testimonios clave que desnudan un sistema ilegal para el ingreso y comercialización de drogas, celulares y otros elementos prohibidos en el penal.
Durante la audiencia, que tuvo lugar esta semana, la Unidad Fiscal – encabezada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto – llamó a declarar a seis testigos, entre ellos exinternos y personal especializado.
Un sargento ayudante aportó evidencia visual y electrónica que mostró cómo un efectivo penitenciario introducía cajas de pizza al penal sin pasar por el scanner, en un recorrido que finalizaba en una oficina señalada como “Jefatura”. Allí, internos recibían los productos y luego salían con bolsas que posiblemente contenían contrabando.
Las fotografías y mensajes extraídos de celulares incautados revelaron transferencias de dinero, presencia de estupefacientes, balanzas y conversaciones vinculadas al tráfico de drogas dentro del penal.
Dos exinternos confirmaron la existencia de un circuito ilegal en el que jefes de pabellón y otros funcionarios eran cómplices o directamente responsables de facilitar la entrada de drogas, celulares y comida, que luego se vendían a los detenidos. Uno de ellos denunció haber sufrido agresiones y aislamiento tras declarar contra el Servicio Penitenciario.
Por su parte, el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, relató irregularidades en la gestión, como la ausencia de actas oficiales y la concesión indiscriminada de beneficios a detenidos durante 2022.
El Tribunal, presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, suspendió la audiencia hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana, cuando continuará la exposición de pruebas y testimonios.
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