El municipio de Hipólito Yrigoyen enfrenta una tormenta política y judicial. La gestión encabezada por la intendenta Soledad Cabrera está siendo investigada por supuestas irregularidades financieras que incluyen el incumplimiento de pagos, emisión de cheques sin fondos, y denuncias de corrupción que comprometen gravemente a la administración municipal.
El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, con competencia en Delitos Económicos Complejos, inició una investigación de oficio tras la difusión de denuncias en medios de comunicación provinciales. Las acusaciones señalan presuntos manejos irregulares de recursos públicos, destacando la emisión de dos cheques sin fondos por un valor total de $21.135.000, atribuidos a la intendenta y a su hermano Ariel Cabrera, actual secretario de Gobierno.
La investigación incluye múltiples medidas, como la solicitud de informes al Departamento Legal y Técnico del municipio sobre cuentas bancarias, contratos con empresas involucradas, y movimientos financieros recientes. Además, se prevé tomar declaración a los denunciantes para esclarecer las acusaciones.
Denuncias que generan preocupación
Las denuncias financieras no son el único frente abierto para la gestión de Cabrera. Pablo Villagra, exsecretario de Obras Públicas del municipio, aseguró en una entrevista poseer pruebas que implican a familiares de la intendenta en el uso irregular de recursos municipales, como el abastecimiento de combustible.
Villagra también señaló una presunta sobrefacturación de lubricantes a nombre del municipio, lo que habría generado un perjuicio económico superior a $25 millones. “La transparencia no es un valor en esta gestión. Las pruebas son contundentes, y es hora de que las autoridades actúen”, afirmó el exfuncionario.
Otros testimonios apuntan a acoso laboral en dependencias municipales, especialmente en el canchón, situación que ha generado protestas por parte de empleados afectados.
Crisis de confianza y pedido de esclarecimiento
El conflicto tomó mayor repercusión con la recepción de una carta documento enviada por un estudio jurídico de Córdoba, que intimó al municipio al pago inmediato de la deuda derivada de los cheques sin fondos. El documento exige la reposición de la suma adeudada en un plazo de 48 horas, resaltando el impacto de la presunta mala gestión en la confianza de los proveedores.
La comunidad local no ha permanecido indiferente. Vecinos y representantes de diversos sectores han solicitado al Concejo Deliberante la creación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de los funcionarios municipales.
La situación de la intendenta Cabrera se agrava por las críticas que recibió tras un viaje a Estados Unidos, realizado sin previo aviso ni justificación pública, donde participó en foros políticos. “Es inadmisible que en plena crisis financiera, con proveedores impagos y una comuna sumida en el caos, la intendenta decida viajar sin rendir cuentas”, expresó un dirigente vecinal.
El municipio de Hipólito Yrigoyen enfrenta un escrutinio sin precedentes. Mientras avanza la investigación judicial, la ciudadanía exige transparencia y respuestas ante las denuncias que ponen en jaque la confianza en las autoridades locales. El desenlace de este caso será decisivo para el futuro político de la intendenta Soledad Cabrera y su administración.
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