En un contexto marcado por la detención del senador Edgardo Kueider con más de 200 mil dólares no declarados, surgen interrogantes sobre la situación judicial de otros legisladores. Un relevamiento de La Nación revela que el 40% de los senadores nacionales ha sido objeto de investigaciones judiciales, aunque ninguno ha sido condenado. Entre ellos, destaca el caso de Juan Carlos Romero, quien carga con un historial de denuncias que abarca desde su tiempo como gobernador de Salta hasta su desempeño en el Senado.
Romero enfrentó nueve procesos judiciales tras dejar la gobernación de Salta en 2007, algunos de ellos emblemáticos por su impacto local. Uno de los más relevantes es el caso “La Ciénaga”, relacionado con la venta irregular de 90 hectáreas que debían destinarse a un programa social. Tras 14 años, la Corte de Justicia salteña declaró la nulidad de la causa en 2022, dejando un vacío judicial. Otro caso involucró la presunta entrega de terrenos de Aviación Civil a su hijo el diputado provincial Juan Esteban Romero, poco antes de abandonar la gobernación. Aunque se sostuvo la imputación durante más de una década, en 2021 se solicitó el sobreseimiento.
A pesar de este panorama, Romero mantiene su posición en la Cámara alta, en un sistema donde las acusaciones parecen desvanecerse antes de llegar a una sentencia. En 2016, incluso enfrentó un pedido de desafuero que tampoco prosperó. Este patrón no es exclusivo de Romero, sino que refleja un problema estructural que parece blindar a quienes detentan poder político.
Declaraciones juradas y sospechas de enriquecimiento
Las declaraciones patrimoniales de varios legisladores, incluido Romero, han despertado sospechas por aparentes inconsistencias. Desde propiedades subvaluadas hasta omisiones de ingresos significativos, estas irregularidades alimentan la percepción de impunidad. Sin embargo, los procesos judiciales suelen terminar en sobreseimientos o largas demoras que diluyen el impacto de las denuncias.
El Senado acumula desde el año 2000 al menos 17 pedidos de desafuero, ninguno de los cuales resultó en la remoción de un legislador. Este hecho plantea preguntas sobre la eficacia de la Justicia en causas que involucran a altos funcionarios. Mientras tanto, el caso Kueider ha reavivado la discusión sobre la ética y la transparencia en la política argentina, con algunos sectores promoviendo proyectos para desaforar a todos los senadores con procesos abiertos.
El caso de Juan Carlos Romero es un ejemplo de cómo las acusaciones de corrupción, lejos de resolverse, terminan sepultadas en un sistema judicial lento e ineficiente. En un Senado donde el 40% de sus miembros enfrentó investigaciones, pero ninguno fue condenado, resulta difícil para la sociedad confiar en que quienes legislan lo hacen en función del interés público y no del personal.
Comments