El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió aceptar las pruebas presentadas tanto por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como por la defensa del juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi. Este proceso, que pone en evidencia presuntas irregularidades judiciales de alto impacto, se encamina a un juicio crucial para la justicia de Salta.
La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, presidió la reunión en la que se decidió avanzar con las pruebas, una vez integradas, para posteriormente fijar fecha y hora del debate oral. Este juicio será observado de cerca, dado el cúmulo de acusaciones que empañan la labor judicial en la región.
El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por la jueza de la Corte, ademas del juez Pablo López Viñals y los legisladores Jorge Pablo Soto, Javier Mónico Graciano, Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse, así como el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina. Además, los abogados Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados por la Cámara de Senadores, también integran el jury.
La polémica gira en torno a las acciones de Parisi, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción, irregularidades procesales y decisiones que habrían favorecido a imputados con antecedentes graves. Las pruebas presentadas por la acusación reflejan un manejo irregular de expedientes, beneficios injustificados y sospechas de cohecho, con posibles pagos para obtener decisiones judiciales favorables.
Decisiones controversiales y un patrón de beneficios injustificados
Uno de los elementos centrales de la acusación es el caso de una condenada por narcotráfico, identificada como “Pereyra,” quien recibió prisión domiciliaria sin custodia ni monitoreo electrónico, pese a reincidir en el delito. Parisi, en una maniobra cuestionable, habría dictado una prisión preventiva formal para la acusada, mientras en la práctica ordenaba que permaneciera en su casa sin control alguno. Esta práctica generó una fuerte crítica por su aparente falta de consistencia y transparencia.
El caso de “Leniz,” coimputada de Pereyra, muestra un patrón similar de decisiones cambiantes. Parisi inicialmente le otorgó prisión domiciliaria, pero luego revocó su decisión tras un informe del Servicio Penitenciario. Esta inconsistencia en el tratamiento de los casos, según Castiella, indica posibles irregularidades que podrían estar vinculadas a pagos indebidos.
Las sombras de la corrupción: pagos y favores procesales
En los expedientes también se documenta cómo supuestos beneficios procesales habrían sido otorgados a cambio de pagos, especialmente en casos de alto perfil. José Dimas Ruiz, ex candidato a intendente de Orán, se encuentra entre los favorecidos con una medida de restricción ambulatoria, aunque inicialmente se le había dictado prisión preventiva por su implicación en un violento robo millonario. Según la denuncia, familiares de Ruiz habrían entregado dinero a cambio de una medida favorable para el acusado.
En el caso “Chaile,” Parisi también otorgó el arresto domiciliario sin medidas de control, lo que resultó en la fuga del imputado y dejó a las víctimas del crimen sin justicia. Este tipo de decisiones, según el Procurador General, reflejan un manejo inadecuado del poder judicial y ponen en entredicho la imparcialidad de Parisi.
Un proceso que busca esclarecer las irregularidades
El caso contra el juez Parisi también incluye el asesinato de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez. Este último episodio de violencia es una señal de las peligrosas conexiones entre el poder judicial y las redes delictivas que el juez Parisi, supuestamente, habría favorecido. Las pruebas incluyen conversaciones y registros telefónicos que revelan pagos y negociaciones entre abogados y allegados al juez para asegurar beneficios en sus fallos.
El Procurador García Castiella subraya la gravedad de los actos imputados, calificándolos como un atentado contra la paz social y la seguridad de la comunidad. “No debe existir corrupción más execrable que la que lucra con la seguridad de los ciudadanos,” afirmó el Procurador, enfatizando el impacto que estos actos tienen en la confianza pública y la justicia.
Actualmente, Parisi enfrenta una nueva detención, luego de habérsele concedido el arresto domiciliario.
El juicio promete ser un proceso decisivo en la historia judicial de Salta, con implicancias significativas para el sistema de justicia y la imagen de imparcialidad que debería caracterizar a todos sus actores.
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