El fallo emitido por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York marca un punto crítico en el extenso conflicto judicial entre la República Argentina y los fondos Burford Capital y Eton Park, surgido tras la expropiación de YPF en 2012. En una decisión de alto impacto, la magistrada ordenó que el Estado argentino transfiera, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, como forma de pago parcial de una sentencia de US$16.100 millones, más intereses.
La resolución no solo representa un serio revés legal, sino también una señal de alarma sobre las consecuencias duraderas de decisiones políticas que no respetan marcos jurídicos internacionales. En este caso, se remonta a la estatización dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como principal impulsor técnico y político. El proceso, llevado a cabo sin realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) exigida por el estatuto de la compañía, sentó las bases del conflicto que hoy compromete al país en el plano financiero y diplomático.
Preska fue clara: la República violó las reglas del juego acordadas cuando YPF comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. El artículo 7 del estatuto de la compañía establecía que cualquier adquisición superior al 15% de las acciones debía ir acompañada de una oferta al resto de los accionistas. Argentina no lo hizo. Las consecuencias de esa omisión fueron advertidas en su momento, pero desoídas. Hoy, se traducen en una orden judicial que afecta directamente la soberanía operativa del Estado sobre su principal empresa energética.
Más allá de los fundamentos legales, el fallo también se nutrió de elementos políticos. La propia jueza citó expresiones del entonces viceministro Kicillof, quien en 2012 calificó como “tarados” a quienes esperaban que el Estado respetara el estatuto de YPF. Esa declaración, lejos de ser anecdótica, fue utilizada como evidencia de una actitud deliberada de incumplimiento legal.
El Gobierno actual, encabezado por Javier Milei, ya anunció que apelará la decisión. Sin embargo, enfrenta un panorama complejo. Durante los últimos 18 meses, la jueza Preska había requerido una garantía de pago para evitar embargos mientras se tramitaba la apelación. La negativa —o la imposibilidad— del Estado argentino de presentar dicha garantía habilitó, en términos legales, la ejecución anticipada por parte de los demandantes.
La magistrada también desestimó los argumentos constitucionales presentados por la defensa argentina, que alegó la necesidad de aprobación del Congreso para transferir acciones. Según Preska, las leyes locales no pueden usarse para eludir la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) que rige la ejecución de sentencias en tribunales estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU. había apoyado la posición argentina mediante un escrito “amicus curiae”, pero la jueza desoyó esa recomendación.
El impacto fue inmediato: las acciones de YPF cayeron más del 5% en la Bolsa de Nueva York, y la empresa perdió cientos de millones en capitalización de mercado. En paralelo, otro fallo del mismo tribunal ordenó entregar parte de las acciones al fondo Bainbridge, en un caso vinculado al default de 2001.
La historia de esta demanda comenzó en 2015, cuando Burford adquirió los derechos para litigar en nombre de las empresas Petersen Energía e Inversora, controladas por la familia Eskenazi, quienes habían adquirido el 25% de YPF con préstamos que dependían del cobro de dividendos. La estatización suspendió esos pagos y llevó a la quiebra a ambas firmas. Eton Park, por su parte, era accionista directo de YPF al momento de la expropiación.
Lo que hoy se cristaliza en una orden judicial fue anticipado por numerosos analistas y especialistas en derecho internacional. El caso es un ejemplo paradigmático de cómo decisiones adoptadas con lógica política de corto plazo —sin evaluar su encuadre legal y sus repercusiones externas— pueden transformarse en pasivos estructurales para el Estado.
La Argentina tiene ahora una última carta: la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Pero independientemente del resultado, la advertencia está clara. No se trata solo de defender el control de YPF, sino de reconstruir la confianza perdida frente a los mercados y las instituciones del derecho internacional.
El caso YPF es hoy un emblema del costo que tiene el voluntarismo político cuando se desentiende de la ley. Un legado caro del kirchnerismo que, más de una década después, aún pesa sobre los hombros del país entero.
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