El tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner y otros implicados en el caso Vialidad les dio un plazo de 10 días para depositar $684.990 millones, equivalentes a unos 530 millones de dólares. Esta suma corresponde al perjuicio causado al Estado por fraude con licitaciones de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, junto a su colega Rodrigo Giménez Uriburu, notificaron a los condenados para que, de manera solidaria, reúnan esta cifra. Si no cumplen, la Justicia iniciará la ejecución y remate de los bienes embargados.
Este monto fue calculado por peritos oficiales de la Corte Suprema, quienes descartaron una reducción propuesta por la defensa de Cristina Kirchner. El tribunal dispuso ampliar los embargos sobre propiedades, vehículos y sociedades hasta cubrir el total reclamado.
Entre los bienes que podrían ser decomisados están 213 propiedades, 14 vehículos, seis sociedades, hoteles en El Calafate, departamentos en Puerto Madero y Río Gallegos, y millones de dólares en efectivo. El empresario Lázaro Báez, con la mayor cantidad de bienes, también enfrenta embargos en otras causas relacionadas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron que el objetivo es recuperar activos ilícitos para impedir que los condenados sigan beneficiándose del perjuicio causado al erario público.
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