La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, celebró la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de retirar el proyecto de ley que modificaba el funcionamiento del Instituto Provincial de Salud (IPS), luego de la fuerte reacción social que generó la propuesta. “Cabe destacar la grandeza del gobernador y la humildad en retirar un proyecto de ley que verdaderamente había generado mucha preocupación en la sociedad”, expresó.
Según explicó Laura Cartuccia, los afiliados, incluidos los jubilados, seguirán siendo parte del IPS, y a partir de este momento se conformará una comisión conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Estará integrada por el ministro Ricardo Villada, el interventor del IPS, el ministro Federico Mangione y los presidentes de las comisiones de Salud de ambas cámaras legislativas. Este grupo trabajará en un proyecto integral para revisar la ley de creación del IPS (Ley 7127) y proponer las reformas necesarias. Cartuccia remarcó que el proceso comenzará con una auditoría contable para conocer en detalle el estado financiero actual de la obra social.
Críticas al sistema de aportes y desequilibrios financieros
Cartuccia fue enfática al describir las fallas estructurales del sistema de aportes, que considera uno de los problemas más graves del IPS. “El aporte que hacemos todos es del 5,5% y eso tiene que ver con lo que es el sueldo remunerativo, lo que se paga en blanco. Hay personas que cobran 3,5 millones de sueldo y en el recibo de sueldo el aporte contributivo solamente es de un millón”, explicó, señalando las inequidades en el esquema actual.
Asimismo, detalló casos de contratos precarios y sueldos bajos sobre los que se aplican aportes mínimos, lo que genera un grave desequilibrio económico. “Un grupo familiar tipo, sano, que solo hizo controles médicos, puede aportar un millón y generar un gasto de un millón y medio. Eso genera déficit”, alertó.
Exige revisar las declaraciones juradas municipales y aportes judiciales
Otro eje que planteó fue la necesidad de revisar las declaraciones juradas de los municipios, en coordinación con el Foro de Intendentes, y también incluir en la reforma a sectores como el Poder Judicial. “Es muy importante el aporte y la contribución de los jueces, y eso también lo vamos a incluir en este nuevo proyecto de ley”, aseguró.
Originalmente, esta incorporación estaba prevista en una ley autónoma, pero ante la situación actual, Cartuccia consideró que debe formar parte de una reforma integral.
Denuncias de privilegios, sobrefacturación y negocios vinculados a un senador
Una de las denuncias más graves de la diputada apuntó a la existencia de privilegios e irregularidades históricas en los convenios del IPS con ciertos prestadores. “Claramente que sí hay privilegios. Hay muchas irregularidades que hay que ver, muchos convenios que hay que revisar. Y creo que en muchos casos corresponden denuncias penales”, afirmó.
Cartuccia vinculó estos manejos con prácticas que se remontan al menemismo y al gobierno de Juan Carlos Romero, “donde se priorizaban los negocios más que otro tipo de cuestiones”. En este marco, advirtió sobre intereses que exceden incluso al propio gobierno actual: “Hay intereses que son superiores a la gobernabilidad del doctor Gustavo Sáenz”.
Entre esos intereses que buscaron la quiebra de la obra social de los empleados públicos, identificó a “varios ministros que responden a un senador nacional que, casualmente, es dueño de una de las clínicas que sobrefacturó”. Y fue contundente: “Estaba toda esta situación donde hablamos de un IPS totalmente vaciado, terciarizado, y que prontamente estaba prevista una privatización del mismo por parte quizás de una de estas aristas”.
Alertó sobre la posibilidad de que el IPS repita el camino de vaciamiento y privatización que ya ocurrió en otras provincias. “En Entre Ríos pasó exactamente lo mismo: primero el vaciamiento, después la terciarización y posteriormente la privatización. Acá claramente íbamos hacia el mismo camino”.
Aseguró tener documentación sobre todas las empresas terciarizadas, los gastos y funciones superpuestas. “Claramente no tendrían por qué tenerlas. Son maniobras planificadas”.
Reclamos por falta de auditoría, denuncias penales y complicidad interna
La diputada cuestionó la falta de acción del interventor del IPS ante estos hechos. “Lo que el interventor debería haber hecho es un corte de auditoría de acá dos años para atrás. Ver qué pasó con esa clínica, con todas las clínicas, y hacer las denuncias penales correspondientes”, reclamó.
Además, criticó un convenio firmado por la expresidenta del IPS, en el cual se establecía el cobro de prácticas médicas al valor del nomenclador IPS más un 40%, duplicando los montos anteriores. “Si has facturado 50 millones en febrero, en marzo estás facturando 100 millones”, ilustró, señalando que esto impacta directamente en los afiliados, que deben pagar obra social, seguro y aranceles diferenciales. “Terminas yendo a un hospital público, desfinanciando la salud pública y quebrando la obra social”.
En otro tramo, cuestionó con dureza la continuidad de figuras de la gestión anterior dentro del IPS. “El interventor le creó un cargo de subgerente de servicios propios a la expresidenta, un cargo totalmente fuera de estructura, inventado. Eso no le hace bien al gobernador”, afirmó, y advirtió sobre el costo político de estas decisiones: “El costo social y político lo pagó el gobernador. Si bien él dice que el hilo no se corta por lo más fino, llega un momento donde sí tenés que hacer un ajuste de tuerca”.
Fuga de fondos y medicamentos a precios inflados
Cartuccia también denunció una gran fuga de dinero vinculada a la provisión de medicamentos. “La farmacia del IPS debería volver a funcionar como antes. Hoy una leche Nutrilom cuesta 250.000 pesos en farmacia. El IPS te la reintegra al 100%, pero si la proveyera directamente, pagaría 74.000 pesos. Estamos pagando casi el doble por reintegros innecesarios”.
Sospechas sobre la pasividad del interventor y falta de denuncias
A mitad del período de intervención, Cartuccia expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas. “Él venía de la sindicatura, vivía en la sindicatura, nunca vio lo que sucedía en el IPS. Me parece muy extraño. Se supone que es un contador avesado en el tema. Tendría que estar haciendo auditorías y denuncias ya”.
Aseguró que hasta ahora “no hay absolutamente ninguna denuncia penal, ni siquiera por la sobrefacturación de la clínica IMAC, que algunos estiman en 80 millones y otros en 50. Hay 30 millones en el limbo”.
Y fue más allá: “¿Esa sobrefacturación fue solo de un mes? No creo que sean tan incautos de hacerla justo el mes que asume el interventor. Esto claramente venía desde antes”.
¿Cartuccia al frente del IPS?
Sobre los rumores de que podría asumir la presidencia del IPS una vez finalizada la intervención, Cartuccia fue cauta: “No tengo ningún ofrecimiento de ese tipo. Siempre dije que nunca voy a votar en contra del IPS ni en contra de los jubilados. Si me llegara a tocar estar en ese lugar, por supuesto que con muchísimo gusto trabajaría para que la obra social sea la mejor, pero hoy no hay nada concreto”.
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