La investigación de certificados médicos falsos para justificar ausencias docentes se ha extendido a varias provincias, tras detectarse desde 2021 en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En Neuquén, las autoridades están examinando estos fraudes en el contexto de la implementación del Plan Nacional de Alfabetización.
El pasado 18 de julio, la fiscalía de Delitos Económicos realizó un allanamiento en el consultorio de un psicólogo en Andacollo, investigado por emitir más de 800 certificados en cuatro meses, utilizados por docentes y empleados estatales. La Fiscalía de Estado detectó que al menos dos psicólogos emitieron 700 certificados cada uno y un médico especialista entregó otros 600 en un corto período.
El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, afirmó que esta es la primera vez que una situación histórica de este tipo llega a la Justicia con una denuncia formal. “Necesitamos empezar a separar la paja del trigo y tomar acciones para frenar esto,” comentó Regueiro.
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) también está involucrado en la emisión de estos certificados, y los profesionales que se compruebe que realizaron actos indebidos serán suspendidos de la obra social. Los ministros de Salud y Educación se reunieron con representantes del Colegio Médico de Neuquén y del ISSN para analizar y validar los procedimientos de emisión de certificados de salud.
Se propuso una mesa de trabajo para abordar esta temática, revisando tanto la ética profesional como los procedimientos de emisión de certificados. Regueiro señaló la importancia de valorar el trabajo docente y el desgaste psicológico vinculado, buscando soluciones más allá de lo punitivo para modificar la realidad.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Dirección General de Cultura y Educación detectó faltas cometidas por docentes a través de un sistema online de licencias. Una banda de estafadores que otorgaba certificados médicos falsos a empleados estatales bonaerenses fue detenida, causando un perjuicio de 72 millones de pesos al Estado.
Esta organización cobraba hasta 800 pesos por cada certificado falso, resultando en una pérdida mensual de más de 6 millones de pesos al tener que cubrir los cargos con suplentes. La investigación comenzó en 2021 con una alerta de la Dirección General Administración y Medicina del Trabajo sobre la adulteración de certificados médicos. Se investigaron 260 docentes y no docentes, resultando en la cesantía de quince de ellos, quienes no podrán volver a trabajar en el sistema educativo porteño.
El avance de estas investigaciones y medidas correctivas busca frenar las irregularidades en la emisión de certificados médicos, asegurando que los recursos se utilicen adecuadamente y fortaleciendo la integridad en el sector educativo.
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