En una jugada que marcará un hito en su administración, el presidente Javier Milei se prepara para vetar la ley de movilidad jubilatoria recientemente aprobada por el Senado. La decisión del mandatario no solo representa una medida política significativa, sino también una estrategia para enfrentar el impacto fiscal que la nueva legislación podría tener sobre el equilibrio económico del país.
El presidente Milei ha anunciado que la fórmula de movilidad jubilatoria será anulada “por completo” o “casi en su totalidad”. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei argumentó que la ley implicaría un aumento del costo en términos del PBI del 1.2%, y advirtió que esto incrementaría la deuda del país en 24 puntos del PBI debido a las elevadas tasas de interés actuales.
La ley, aprobada por mayoría en el Senado gracias a un acuerdo entre Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y un sector del PRO, establece una actualización mensual de los haberes jubilatorios basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación extra del 8,1%. Este mecanismo pretende garantizar que el ingreso mínimo de los jubilados cubra la canasta básica del adulto mayor.
Desde la Casa Rosada, se ha confirmado que el veto será redactado por María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, y revisado por Javier Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica. La medida se publicará en el Boletín Oficial y devolverá la ley al Poder Legislativo.
En respuesta a la amenaza de veto, algunos legisladores de la oposición han expresado su intención de insistir en la aprobación de la ley. Para ratificar el proyecto a pesar del veto presidencial, la oposición necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso.
Si el veto es confirmado, el Gobierno considera dos posibles estrategias para enfrentar la insistencia del Congreso. La primera es judicializar la ley, argumentando que no cumple con la normativa vigente sobre administración financiera y control del sector público nacional. En particular, el artículo 38 de la ley 24.156 establece que cualquier iniciativa que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de financiamiento, algo que el Gobierno considera que la nueva ley no cumple.
Si esta estrategia no prospera, el Gobierno podría optar por una alternativa de última instancia: aceptar la suba y financiarla mediante ajustes en otras partidas del presupuesto estatal, con el fin de mantener el equilibrio fiscal.
La situación ha generado un ambiente tenso tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y el desenlace dependerá de cómo se desarrollen los próximos pasos legislativos y judiciales. Mientras tanto, la Casa Rosada se mantiene firme en su postura de garantizar la estabilidad fiscal del país frente a lo que considera una ley desmedida.
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