El Procurador reorganizó las fiscalías, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.
En esa inteligencia, Cornejo consideró las necesidades funcionales de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad Fiscal Contravencional, sin perjuicio de la obligación de las y los fiscales de garantizar el servicio de justicia que deben prestar, cumplir con sus actividades y de realizar todas las medidas que no admitan demora.
Convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial, el Procurador General presentó el proyecto de Reforma de Ley N°7839/14 de “Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004, cuando fue creada.
Brindó información sobre la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la cual se realizó una exhaustiva auditoría, que dio como resultado que, de un total de 2065 causas ingresadas a dicha Fiscalía durante todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de las causas ingresadas). De las 2065 causas ingresadas a la Fiscalía, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376 causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 causas fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en trámite, sin resolución a la fecha. La auditoría se enmarcó en la decisión del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien dispuso la realización de los controles sobre las 64 fiscalías dependientes del Ministerio Público Fiscal.
Ante las irregularidades detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio.
Sobre Simesen de Bielke
La fiscal Verónica Simesen de Bielke se desempeñó como fiscal penal de General Güemes; de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, donde también tuvo una destacada actuación y fue reconocida por el Procurador por la tarea desempeñada durante la audiencia de debate desarrollada en la Sala VII del Tribunal de Juicio, con la condena a prisión perpetua de los cinco responsables del homicidio calificado de Daniela Guantay.
En febrero pasado, Cornejo puso de relieve el trabajo de Simesen de Bielke y el desarrollado especialmente en este caso, porque su formación y actuación basada en la perspectiva de género, permitieron que los hijos, madre y seres queridos de Daniela Guantay sepan que su femicidio no quedó impune.
Hasta hoy, Simesen de Bielke vino desempeñándose en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, cuya función es la de investigación e intervención en las etapas de juicio y ejecución de los casos iniciados por delitos contra la Administración Pública, y desde donde impulsó diferentes investigaciones por fraude, peculado y otros delitos contra el erario público bajo la premisa impartida por el Procurador, de investigar en tiempo real.
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