Tras ocho días de audiencias, el juicio contra veinte imputados, entre internos y funcionarios del Servicio Penitenciario de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, avanza con un conjunto de testimonios y pruebas que apuntan a la existencia de una compleja red narcocriminal que operaba dentro del penal.
El proceso, llevado adelante por la Fiscalía a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, busca demostrar que este entramado criminal no solo traficaba drogas y teléfonos celulares, sino que también captaba beneficios penitenciarios a cambio de dinero, comprometiendo la integridad institucional y la seguridad del sistema carcelario.
Dos ejes centrales emergen con particular fuerza en el análisis de lo ocurrido hasta ahora: la declaración del vicedirector Marcelo Romero y el testimonio del hermano de un interno, cuyos vínculos familiares y contexto mediático aportan una dimensión adicional al caso.
Por un lado, la exposición del subdirector del penal evidenció serias deficiencias en la gestión penitenciaria y la permeabilidad del sistema a prácticas ilícitas. Romero minimizó la gravedad de los elementos punzocortantes secuestrados, describiéndolos como objetos inofensivos y justificando su presencia en áreas compartidas sin efectuar las investigaciones correspondientes. Su falta de control sobre el ingreso y circulación de teléfonos celulares y drogas dentro del penal revela un fracaso en el cumplimiento de las funciones de supervisión y custodia. La orden de demora dictada durante la audiencia por presunta autoincriminación y el pedido fiscal para investigarlo refuerzan la sospecha de su involucramiento activo o negligente en la red criminal.
Al mismo tiempo, el testimonio del hermano de un detenido en la Unidad Carcelaria, ambos hijos de un cantante famoso, aporta una clave fundamental para comprender la dinámica de poder y protección dentro del penal en el marco de esta red que combinaba amenazas, extorsión y pagos a funcionarios penitenciarios para garantizar la seguridad de los internos en un contexto de violencia sistémica. La admisión de entregas de dinero a un funcionario del Servicio Penitenciario a modo de “agradecimiento” por la protección recibida confirma la existencia de mecanismos paralelos de control y corrupción dentro del sistema.
Jornada 1 – Inicio del juicio
Comenzó el debate oral contra 20 imputados, entre ellos funcionarios penitenciarios, internos y familiares. Se expuso la hipótesis principal: una red estructurada que, desde el interior del penal, facilitaba el ingreso de drogas, celulares y elementos prohibidos, así como la venta de estupefacientes. La acusación está a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Jornada 2 – Primeros testimonios sobre corrupción interna
Declaró el actual Director General del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, quien reconoció la existencia de beneficios irregulares otorgados por personal penitenciario. Se confirmó la intervención del Ministerio Público Fiscal ante la gravedad institucional del caso. Se detallaron maniobras como informes falsificados, permisos de visitas sin requisa y el ingreso de sustancias prohibidas mediante personal del penal.
Jornada 3 – Pruebas de inteligencia y allanamientos
Investigadores de UFINAR presentaron resultados de escuchas, análisis de redes sociales y registros bancarios que vinculan a internos con operaciones de narcotráfico. Se identificó a Manuel Méndez como proveedor interno y a su madre como facilitadora externa. También se exhibieron videos donde un jefe de pabellón ingresaba elementos sin control.
Jornada 4 – Testimonios de exinternos y represalias denunciadas
Exinternos brindaron detalles sobre el funcionamiento interno de la red: pagos por droga, celulares, “compra” de conducta y concepto. Uno denunció que, tras declarar ante la UDEC, fue golpeado y aislado durante 60 días. La Unidad Fiscal pidió intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Se consolidó el patrón de represión interna hacia quienes colaboran con la investigación.
Jornada 5 – Incautaciones, contradicciones y encubrimiento institucional
Se presentaron nuevas pruebas fílmicas que muestran a personal ingresando alimentos al penal sin pasar por scanner. También se mostraron fotografías extraídas de celulares con evidencia de tráfico de drogas. Declaró el exsubdirector del penal, quien evidenció graves falencias en los registros del Consejo Correccional. Se confirmó la inexistencia de actas de evaluación durante el período investigado.
Jornada 6 – Falencias en controles
Ocho funcionarios del Servicio Penitenciario declararon. Uno de ellos, actualmente subalcaide, fue demorado por evasivas y contradicciones al responder sobre un pedido irregular de beneficio extramuros. Se revelaron carencias en los scanners y la falta de capacitación del personal para identificar drogas. Se confirmó que no existe control corporal efectivo sobre los penitenciarios al ingresar al penal.
Jornada 7 – Escándalo institucional: demora del vicedirector
Marcelo Romero, subdirector del penal, fue demorado preventivamente tras declarar que las armas secuestradas en la jefatura no eran peligrosas y que los internos las usaban para “sacar punta a los lápices”. El Ministerio Público Fiscal anunció que pedirá investigarlo por incumplimiento de deberes y encubrimiento. También declararon familiares que admitieron haber entregado celulares y dinero en mano a personal penitenciario.
Jornada 8 – Declaración clave del hermano de Lautaro Teruel y testimonio protegido
Un testigo reconoció haber entregado dinero al personal penitenciario para proteger a su hermano, Lautaro Teruel —hijo del músico Mario Teruel, condenado por abuso sexual—, alojado en la UC1. La Fiscalía evalúa ampliar la imputación por cohecho. Luego, un exinterno pidió protección tras recibir amenazas por colaborar con la investigación. Relató cómo la red lo forzó, bajo amenazas, a involucrar a su hermano en maniobras delictivas.
El juicio pretende probar, en definitiva, que detrás del entramado criminal no solo existía una estructura para el comercio ilegal de estupefacientes, sino también un sistema institucional corrompido que facilitó la impunidad, la violencia y la vulneración de derechos. La Fiscalía ha enfatizado en cada jornada, la existencia de prácticas sistemáticas que socavan la función correccional y representan un riesgo para la seguridad pública.
Con veinte personas acusadas, entre internos, funcionarios y mandos medios, el proceso sigue en marcha con la exposición de testimonios que describen un entramado que vincula violencia, tráfico, sobornos y manipulación administrativa. La continuidad del juicio permitirá profundizar en la responsabilidad individual de cada imputado y avanzar hacia una resolución que, en principio, busca restaurar la legalidad y la transparencia dentro del sistema penitenciario.
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