El reciente decreto del intendente Emiliano Durand que jubiló de manera obligatoria a Pedro Serrudo, histórico secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), puso sobre la mesa la urgente necesidad de revisar la situación de otros gremios municipales, en particular la del Concejo Deliberante, donde Luis Rodríguez ocupa actualmente el cargo de secretario general.
Pedro Serrudo, quien acumuló cinco décadas como empleado municipal y dirigió el gremio durante más de treinta años, fue apartado de su cargo tras comprobarse que llevaba cerca de treinta años sin asistir a su puesto de trabajo, protegido por la tutela sindical. La medida, firmada por Durand y difundida en un video dirigido a los vecinos, no solo significó el fin de una era en la UTM, sino también un fuerte mensaje institucional: “El empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio. La Municipalidad debe avanzar sin privilegios ni feudos personales”, afirmó el intendente.
El concejal Gonzalo Nieva valoró la decisión y sostuvo que la jubilación de Serrudo debe ser un punto de partida para una revisión generalizada en otros sectores, incluyendo el gremio del Concejo Deliberante. “Al igual que con la jubilación de Serrudo, se debe revisar la situación de Luis Rodríguez y de todo el gremio del Concejo. Esta situación debe ser normalizada, sin excepciones ni privilegios”, expresó Nieva.
El concejal explicó que, aunque no tiene información precisa sobre si Rodríguez ya cumple con los requisitos para jubilarse, “es necesario avanzar en esa revisión para evitar que se repitan situaciones similares, donde los fueros sindicales o privilegios impidan la renovación y el cumplimiento de la ley”.
Nieva enfatizó que “la Constitución Nacional rechaza cualquier tipo de prerrogativa que no sea para la generalidad de los ciudadanos” y recordó que los empleados públicos en edad jubilatoria deben iniciar sus trámites tal como cualquier trabajador común. “No puede haber coronitas ni feudos que se perpetúen en el poder con la excusa de la tutela sindical”, agregó.
La jubilación obligatoria de Serrudo, que fue resistida por el propio sindicalista y generó meses de tensión, incluyó incluso protestas y una fallida candidatura política por el kirchnerismo. La intendencia calificó su gestión sindical como un “feudo personal”, donde se ejercía “chantaje institucionalizado para torcerle el brazo a intendentes de todos los signos políticos”.
El caso de Serrudo abrió una caja de Pandora y dejó en evidencia la necesidad de transparentar y actualizar las estructuras sindicales para garantizar la legalidad y el buen funcionamiento del sistema previsional.
Nieva concluyó: “Es un buen ejemplo que el intendente haya actuado con firmeza. Esperamos que esta decisión marque el camino para que otros gremios y sectores revisen sus situaciones y se avance hacia una gestión más transparente y eficiente”.
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