Hay dirigentes que, aun después de dejar el poder, no terminan de asumir que el ciclo se cerró. Bettina Romero parece encarnar ese estado de negación política que se manifiesta en apariciones esporádicas, casi impulsivas, en redes sociales o en medios afines, desde donde intenta dictar cátedra sobre cómo gobernar una ciudad que ya no administra. No es un gesto inocente ni meramente opinativo: es la persistencia de una lógica de poder que se resiste a soltar, aun cuando los resultados de su gestión siguen pesando como una mochila sobre la Salta actual.
En ese contexto se inscribe la dura y directa respuesta del intendente Emiliano Durand. No fue una réplica diplomática ni medida. Fue, más bien, una enumeración cruda de contrastes: lo que se hizo frente a lo que se prometió y no se cumplió; lo que se heredó frente a lo que se está intentando reparar. Durand no discutió estilos ni relatos, sino hechos concretos: barrios sin asfalto con ciclovías “clavadas”, obras anunciadas como “mega” y abandonadas, plazas inconclusas pese a presupuestos millonarios, maquinaria municipal inutilizada, galpones vaciados, servicios básicos desatendidos.
La respuesta del actual intendente pone en palabras lo que durante años fue una saber extendido en gran parte de la ciudadanía: que la gestión de Bettina Romero estuvo marcada más por el capricho que por la planificación, más por la estética que por la solución de problemas estructurales. Las ciclovías, convertidas casi en símbolo de época, sintetizan esa lógica: obras costosas, mal planificadas, cuestionadas por vecinos y especialistas, emplazadas en zonas sin condiciones mínimas de infraestructura urbana. No fueron políticas integrales de movilidad, sino decisiones unilaterales que terminaron generando rechazo y sospechas.
Pero el problema fue mucho más profundo que un conjunto de obras discutibles. La administración Romero se caracterizó por un estilo autoritario, refractario al diálogo, que derivó en una rotación permanente de funcionarios, conflictos internos y una relación tensa —cuando no inexistente— con el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas. El diálogo institucional solo aparecía cuando resultaba estrictamente necesario para destrabar medidas propias. El resto del tiempo, predominó el ninguneo.
A eso se sumaron decisiones de fuerte impacto social y económico. El aumento de la Unidad Tributaria en plena pandemia, sin consenso político, fue uno de los hitos más recordados del “Impuestazo”, agravado luego por escándalos de doble y triple cobro de tributos. Lejos de aliviar a una sociedad golpeada por la crisis, el municipio profundizó la asfixia fiscal.
Las sospechas sobre el uso de los recursos públicos también atravesaron toda la gestión: contratos con empresas amigas, vínculos familiares, concesiones extendidas, servicios tercerizados de manera opaca y un festival de gastos en publicidad y merchandising, muchas veces con fines claramente personalistas. La exaltación de la figura de la intendenta —su rostro en obras, campañas, espacios públicos— contrastó con la falta de respuestas en cuestiones básicas como calles, iluminación, baches o mantenimiento urbano.
En el plano social, el discurso del “orden” derivó en prácticas represivas: persecución a manteros, criminalización de la protesta, desalojos conflictivos y una alarmante falta de sensibilidad frente a trabajadores informales. La gestión se mostró distante, rígida, incapaz de leer el pulso real de la calle. A eso se sumó el destrato al personal municipal, con denuncias de despidos, descategorizaciones, atrasos salariales y presiones indebidas, que deterioraron gravemente el funcionamiento del Estado local.
El resultado de ese cúmulo de decisiones fue una ciudad con obras inconclusas, proyectos fallidos y una profunda desconfianza ciudadana. La Plaza 9 de Julio, convertida en emblema del desmanejo, resume esa herencia: costos que se triplicaron, plazos incumplidos, riesgos estructurales y una obra que terminó siendo finalizada por otra gestión. Lo mismo ocurrió con canales como el de la Irigoyen, puentes y defensas hídricas anunciadas con grandilocuencia y abandonadas a mitad de camino.
Por eso, cuando Bettina Romero reaparece para opinar sobre la ciudad, no lo hace desde el lugar de una exintendenta que aporta experiencia o autocrítica, sino desde la incomodidad de quien nunca terminó de hacerse cargo del daño causado. La respuesta de Durand, con total ausencia de discurso diplomático, expresa también el hartazgo de una gestión que intenta gobernar mientras tapa agujeros, repara lo roto y explica lo inexplicable.
Quizás el punto central no sea el cruce discursivo, sino la pregunta de fondo: ¿qué rol deben asumir quienes ya gobernaron y fracasaron? La crítica es legítima en democracia, pero exige una mínima dosis de honestidad intelectual. Ser parte de la solución implica, al menos, reconocer los errores propios. Persistir en el rol de comentarista indignada, sin asumir responsabilidades, solo prolonga un problema que a Salta ya le costó demasiado tiempo y demasiada plata.
El poder se ejerce, pero también se deja. Y no todos saben hacerlo.
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