Hay escándalos que envejecen mal. No porque el tiempo los vuelva menos graves, sino porque con los años adquieren una dimensión todavía más obscena.
El fallo definitivo del CIADI contra la Argentina por la expropiación de ENJASA durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey no es solamente una derrota judicial internacional. Es la confirmación de un modelo político que durante años administró la provincia bajo una lógica peligrosa: decisiones de enorme impacto tomadas con discrecionalidad y a caprichos, sin medir consecuencias futuras y con la certeza implícita de que la factura, tarde o temprano, la terminarían pagando otros.
Hoy esa factura supera los 45 millones de dólares.
No se trata de una cifra abstracta. Son recursos públicos. Dinero que podría destinarse a hospitales, rutas, escuelas, infraestructura o servicios esenciales en una provincia que todavía arrastra profundas desigualdades estructurales. Pero en cambio deberá utilizarse para afrontar una condena internacional originada en una decisión política adoptada en 2013: quitarle la concesión a ENJASA, la empresa controlada por Casinos Austria.
El problema no es solamente jurídico. Es profundamente político.
Porque lo que el tribunal internacional terminó diciendo, en términos diplomáticos y técnicos, es algo devastador: el Estado actuó de manera desproporcionada y terminó violando tratados internacionales de inversión. Traducido al lenguaje político, significa que una administración provincial tomó una medida extrema sin garantizar el marco de seguridad jurídica necesario y terminó exponiendo a toda la provincia a un costo multimillonario.
Y allí aparece inevitablemente el nombre de Juan Manuel Urtubey.
Durante años, el exgobernador construyó un discurso basado en la modernización institucional, la previsibilidad y la proyección nacional. Sin embargo, el paso del tiempo deja una postal mucho menos elegante: una provincia endeudada, litigios internacionales abiertos, obras cuestionadas y un Fondo de Reparación Histórica convertido en símbolo de opacidad y descontrol.
Porque el caso ENJASA no aparece aislado. Se conecta con otro de los capítulos más controvertidos de la historia reciente salteña: el manejo del Fondo de Reparación Histórica.
Quince años después de aquel lanzamiento grandilocuente en Embarcación, el FRH dejó una sensación amarga difícil de disimular. Lo que debía convertirse en el gran instrumento para reparar décadas de abandono en el norte provincial terminó rodeado de auditorías incompletas, obras inconclusas, cifras sin justificar y sospechas que jamás encontraron una respuesta institucional contundente.
La dimensión del problema es brutal. Cerca de 800 millones de pesos de entonces —que actualizados representan cientos de miles de millones actuales— permanecen envueltos en dudas, inconsistencias y preguntas sin responder. Y mientras las obras prometidas se oxidaban en pueblos olvidados, la provincia siguió pagando la deuda tomada para financiarlas.
La historia del Fondo de Reparación Histórica es, en realidad, la historia de una ilusión política cuidadosamente construida. Se prometió agua, saneamiento, infraestructura, integración y desarrollo para las zonas más postergadas de Salta. Pero en demasiados casos quedaron esqueletos de cemento, estructuras abandonadas y carteles desvencijados como monumentos silenciosos al fracaso.
La planta depuradora de Orán que nunca arrancó. La terminal de Morillo convertida en abandono. Escuelas sin terminar. Cloacas a medio hacer. Electrificaciones inconclusas. Obras pagadas pero invisibles. Adelantos financieros sin correlato físico. Certificaciones dudosas. La campaña política del hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, para el Congreso Nacional. Expedientes interminables.
Y ahora, además, auditorías bajo sospecha.
El hecho de que la Comisión de Juicio Político analice pedidos contra miembros de la Auditoría General no hace más que profundizar la gravedad institucional. Porque cuando el organismo encargado de controlar queda cuestionado por demoras, omisiones o informes ambiguos, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser sistémico.
Allí aparece una de las preguntas más incómodas de todas: ¿cómo fue posible que durante tantos años el Estado no pudiera —o no quisiera— determinar con claridad qué ocurrió con semejante volumen de recursos públicos?
La respuesta probablemente sea tan simple como perturbadora: porque el sistema político naturalizó durante demasiado tiempo la falta de controles efectivos en tiempo real. Las auditorías llegan cuando el dinero ya se gastó. Las investigaciones aparecen cuando las responsabilidades se diluyen. Y los discursos de indignación suelen coincidir sospechosamente con los tiempos preelectorales.
Mientras tanto, las consecuencias quedan.
El fallo del CIADI además instala otro problema serio: el daño sobre la credibilidad institucional de Salta. Porque no se trata solo de perder dinero. Se trata de perder confianza. Y para una provincia que hoy intenta mostrarse al mundo como destino seguro para inversiones mineras, energéticas y productivas, los antecedentes pesan.
Los inversores observan estabilidad jurídica, previsibilidad y calidad institucional. Y lo que deja el caso ENJASA es exactamente lo contrario: una provincia envuelta en litigios multimillonarios derivados de decisiones estatales cuestionadas internacionalmente.
Más preocupante todavía es que el antecedente podría abrir la puerta a nuevos conflictos vinculados a otras concesiones rescindidas, como Aunor o Aguas de Salta. Es decir: el costo final de aquella lógica política podría ser todavía mucho mayor.
Pero quizá el aspecto más inquietante no sea económico ni judicial. Sea cultural.
Porque detrás de estos episodios aparece una forma de ejercer el poder muy arraigada en la política argentina: gobiernos que anuncian obras gigantescas, manejan recursos extraordinarios mediante préstamos, toman decisiones espectaculares y construyen relatos épicos mientras las consecuencias reales quedan diferidas hacia el futuro.
El problema es que el futuro llega. Y cuando llega, la propaganda desaparece y quedan las cuentas. Quedan los juicios. Quedan las deudas. Quedan las obras inconclusas. Y queda una sociedad obligada a pagar por errores, arbitrariedades o desmanejos que jamás decidió.
La discusión ya no pasa solamente por determinar responsabilidades penales o administrativas. Pasa por asumir una verdad política mucho más profunda: durante años Salta fue administrada bajo esquemas donde la falta de transparencia, el exceso de discrecionalidad y la debilidad de los controles terminaron siendo parte del funcionamiento normal del poder.
El caso ENJASA y el Fondo de Reparación Histórica son dos caras de una misma matriz de poder que marcó los años de gobierno de Juan Manuel Urtubey. Una etapa donde el relato del progreso convivió con decisiones políticas discrecionales, manejos opacos y controles que llegaron siempre tarde. Hoy, Salta empieza a enfrentar las consecuencias concretas de aquella herencia: millones de dólares que deberán pagar todos los salteños, obras inconclusas, fondos sin explicar y una estructura de poder que durante años funcionó sin asumir responsabilidades políticas ni institucionales.
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