En Salta, la minería no es solo un sector productivo: es el corazón económico que sostiene buena parte de las exportaciones provinciales. Esta semana, senadores provinciales y representantes de la Cámara de la Minería se reunieron para definir una agenda que, más allá de los discursos, apunta a concretar inversiones, mejorar la logística y capacitar al recurso humano local.
El dato que sobresale, y que ya marca un desafío concreto, lo aportó Facundo Huidobro: la falta de infraestructura incrementa los costos de transporte hasta un 40%. No se trata de un número menor: refleja que la expansión del sector no depende únicamente de la extracción de litio, cobre, plata o uranio, sino de que el Estado acompañe con rutas, accesos y obras estratégicas que hagan viable la actividad.
El encuentro, presidido por el senador Gonzalo Caro Dávalos, contó con legisladores de distintas bancadas y representantes de empresas como Río Tinto, Gangfeng, Lithium Americas y Alpha Lithium, entre otras. El mensaje fue claro: la provincia busca consolidar su liderazgo minero, pero no puede hacerlo solo con inversiones privadas; la infraestructura y la planificación estatal son el verdadero cuello de botella.
Además del transporte, la agenda incluyó la capacitación laboral y el fortalecimiento de proveedores locales. Programas como el desarrollado por UPATECO en Güemes, para formar soldadores de argón, son un ejemplo de cómo el sector productivo y las universidades pueden articular esfuerzos para preparar mano de obra calificada y ajustada a las necesidades reales de las empresas. Como resumió Juan Cruz Curá, “queremos ser facilitadores y dar herramientas para que la gente pueda desarrollarse”.
La reunión también sirvió para discutir seguridad jurídica y simplificación administrativa, factores clave para que la minería pueda crecer sin trabas burocráticas. Los senadores adelantaron que se trabajará en reformas laborales, penales y previsionales para dar certeza a los inversores, mientras que se planifican 11 obras viales estratégicas que conectarán las zonas de producción con el resto de la provincia.
En definitiva, Salta enfrenta un momento crucial: tiene un sector productivo pujante, empresas interesadas y recursos estratégicos, pero debe traducir todo eso en acciones concretas que reduzcan costos, mejoren infraestructura y generen empleo. La agenda 2026, más que un acuerdo de intenciones, se perfila como la prueba de fuego para demostrar que el Estado puede ser un aliado real de la minería, y que una provincia rica en minerales también puede ser eficiente y competitiva.
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