El 5 de noviembre de 2023 quedó grabado a fuego en la memoria de quienes presenciaron una escena tan violenta como injusta. Kiko y Erika, una pareja que se ganaba la vida con un carro sandwichero, cruzaban avenida Paraguay al 2200, en la ciudad de Salta, cuando un automóvil los embistió a alta velocidad. El impacto no solo los dejó heridos de gravedad: también desnuda la peligrosa mezcla de irresponsabilidad, impunidad y abandono que suele atravesar los siniestros viales en nuestro país.
Las pericias fueron contundentes: Sebastián Juan Albornoz, de 27 años, conducía alcoholizado, con las luces apagadas y habiendo ignorado el semáforo en rojo. Pero lo peor vino después. En lugar de detenerse y asistir a sus víctimas —ambas sangrando en el pavimento—, escapó del lugar. No lo hizo solo. Según la causa judicial, sus acompañantes, David Maximiliano López y Norma Alejandra Díaz, lo ayudaron a ocultar el vehículo y las llaves para entorpecer la investigación.
El caso llegó a juicio abreviado. Albornoz confesó su responsabilidad y, con el consentimiento de las víctimas, fue condenado a cinco años de prisión efectiva, que se unificaron con una condena federal previa, resultando en una pena única de diez años. También fue inhabilitado para conducir por una década y se ordenó un resarcimiento económico, además de asistencia psicológica para Kiko, Erika y sus hijas menores. López y Díaz fueron sobreseídos al retirarse la acusación en su contra.
Pero ¿es suficiente? Hoy, Kiko arrastra una discapacidad motriz permanente y Erika continúa en tratamiento por sus lesiones. Ambos perdieron su medio de subsistencia y enfrentan una recuperación larga, física y emocional. “Queremos que se haga justicia, porque esto no fue un simple accidente”, dijo un familiar entre lágrimas durante una protesta que reunió a vecinos y organizaciones de víctimas de tránsito.
Este no es solo un caso aislado. Es un espejo. De un país donde las muertes y lesiones por siniestros viales siguen siendo una deuda social y judicial. Donde muchas veces, la condena no alcanza para reparar el daño. Y donde el olvido amenaza con instalarse apenas se apagan las luces del tribunal.
La justicia actuó, sí. Pero la verdadera reparación —la que implica memoria, acompañamiento y políticas públicas para prevenir— aún está en deuda.
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