La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto que podría modificar de manera sensible el funcionamiento de dos organismos vinculados a derechos humanos y control institucional: el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
La iniciativa —impulsada por el bloque oficialista Todos por Salta— propone que los representantes designados por los poderes del Estado en ambos organismos pasen a cumplir funciones ad honorem y, además, elimina incompatibilidades que actualmente rigen para los integrantes del Comité contra la Tortura.
El expediente lleva la firma de más de 30 diputados oficialistas, entre ellos Esteban Amat Lacroix, y será uno de los temas de mayor sensibilidad política de la sesión.
El argumento oficial: ajuste y optimización de recursos
La fundamentación del proyecto pone el foco en el contexto económico. Señala que, frente a recursos estatales limitados, es necesario “optimizar la administración pública” y equilibrar gastos.
Bajo esa lógica, se plantea que los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial, Senado y Cámara de Diputados en ambos organismos ya no perciban remuneración por esas funciones.
En paralelo, la reforma elimina las incompatibilidades establecidas en la Ley 8024 para los miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Hasta ahora, quienes integraban ese organismo no podían ejercer otra actividad remunerada —salvo docencia o investigación— debido al carácter exclusivo de sus funciones.
El dato que no aparece en el texto: el debate sobre autonomía
Aunque el proyecto se presenta como una medida administrativa, el trasfondo es otro: el impacto que podría tener sobre la independencia y dedicación de organismos creados justamente para controlar al Estado.
Ahí aparece el punto más delicado.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres produce información y seguimiento de políticas públicas en materia de violencia de género. El Comité contra la Tortura, en tanto, monitorea lugares de detención y posibles vulneraciones de derechos humanos.
Ambos organismos tienen una particularidad: fueron diseñados con integración plural y cierta autonomía respecto del poder político.
Por eso, la discusión no pasa únicamente por salarios o incompatibilidades. Pasa por las condiciones reales en las que esos organismos podrán funcionar, aunque desde su creación las representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, no haya podido demostrar su autonomía de las políticas del gobierno provincial.
Entre austeridad y capacidad de control
El oficialismo plantea que la medida apunta a racionalizar recursos sin afectar el trabajo institucional. Sin embargo, sectores críticos ya anticipan una discusión de fondo: si transformar cargos en ad honorem puede limitar la participación de perfiles técnicos o reducir la capacidad operativa de organismos sensibles.
En el caso del Comité contra la Tortura, además, la eliminación de incompatibilidades abre otro debate: si quienes deben controlar al Estado pueden simultáneamente desarrollar otras actividades privadas o públicas sin afectar independencia y disponibilidad.
Lo que se discute en el fondo
El proyecto aparece en un contexto donde la palabra “austeridad” gana peso en distintos niveles del Estado. Pero la iniciativa abre una pregunta más profunda: hasta dónde puede avanzar el ajuste cuando alcanza organismos de control y protección de derechos.
Porque en términos presupuestarios, el ahorro puede parecer menor.
Pero en términos institucionales, el impacto podría ser mucho más amplio.
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