Lo que comenzó como una investigación penal por daños en campos de caña de azúcar terminó con un desenlace inesperado: 160 vacunos fueron entregados a organizaciones protectoras de animales, que ahora trabajarán para garantizar su bienestar y una adopción responsable.
El caso se originó en El Tabacal, donde la empresa agroindustrial Seaboard denunció reiterados episodios de ingreso de animales sueltos que devastaban sus cultivos. La respuesta no se hizo esperar. Bajo la dirección de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, y con intervención de la División Caballería de la Policía, se ordenó el secuestro inmediato del ganado, resguardado en un predio de siete hectáreas que la propia empresa afectada ofreció para colaborar.
Pero lo que marca la diferencia en esta causa no es solo la resolución judicial, sino el destino de los animales. Ante la imposibilidad de identificar legalmente a sus propietarios, y en cumplimiento del marco normativo vigente, el juez Ramiro Morizzio resolvió que los vacunos sean entregados como depositarios judiciales a las ONG Protectora de Animales de Salta (PAS) y Ajuya Jalala, dos entidades que trabajan activamente en la defensa del bienestar animal y la promoción de la adopción con fines no faenatorios.
“Estos animales no van al matadero. Van a proyectos de vida”, afirmaron desde las organizaciones. A través de sus programas de adopción responsable, las ONG ya comenzaron a coordinar la reubicación de los bovinos en campos seguros, donde podrán ser parte de sistemas productivos sustentables, o simplemente vivir sin fines comerciales, en entornos cuidados.
Este inédito fallo judicial sienta un precedente que va más allá del castigo penal: introduce una visión reparadora en el tratamiento de conflictos rurales, al articular la protección ambiental, el respeto por la vida animal y la prevención de delitos agrarios.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que este caso refleja un nuevo paradigma de abordaje frente a la problemática de los animales sueltos, que no solo genera daños económicos, sino también graves riesgos viales y sanitarios.
Con este paso, Salta se posiciona como una de las pocas provincias del país que incorpora a las organizaciones civiles de protección animal como parte activa en la resolución judicial de conflictos rurales, y abre la puerta a futuras intervenciones donde la justicia no solo se aplique, sino que también reponga valor y dignidad a los seres vivos involucrados.
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