En medio de un juicio cargado de tecnicismos legales y cifras que marean, lo que más resuena en la sala son las voces de quienes confiaron, soñaron, y finalmente, perdieron. Son trabajadores del Estado, jubilados, profesionales. Todos fueron parte, sin saberlo, de una maquinaria de ilusión sostenida por la apariencia de éxito. Y todos repiten una palabra: Confianza.
La tercera jornada del juicio contra Nelson Cositorto y su equipo en Salta reveló más que números: dejó entrever la sofisticación emocional de una estafa que supo disfrazarse de oportunidad. Siete damnificados —entre ellos, efectivos del Servicio Penitenciario, una abogada y un expolicía aeroportuario— contaron cómo fueron seducidos por un relato de prosperidad que llegaba desde conocidos, compañeros de trabajo o incluso líderes carismáticos de la propia Fundación.
No era solo una financiera. En Salta, Zoe tenía oficinas elegantes y hasta un templo donde se hacían reuniones casi litúrgicas. La promesa: rendimientos mensuales del 7,5 al 15 por ciento en dólares. La condición: dejar el capital inicial “trabajando” al menos tres años, sin posibilidad de retiro anticipado. A cambio, una aplicación móvil mostraba ganancias mes a mes. Un espejismo tecnológico que alimentaba la esperanza.
La abogada que declaró el jueves fue clara: le pagaron durante tres meses. En dólares. En mano. Pero cuando quiso saber más, cuando pidió un contrato formal, apenas recibió un formulario ambiguo. Al enterarse de las denuncias contra Cositorto en Córdoba, escribió al grupo de WhatsApp. No solo no recibió respuestas: le cerraron el canal de consulta. Poco después, cerraron también la oficina en Salta.
Entre los imputados locales están Ricardo Vilardel y tres de sus familiares, quienes, según los testigos, eran la cara visible de Zoe en la provincia. Recibían el dinero, daban explicaciones, organizaban reuniones. Incluso cuando comenzaron los rumores de quiebra, intentaron reencauzar la narrativa con un nuevo proyecto: Sunrise, otra promesa digital sin sustento, que no llegó a despegar.
“Nos decían que estaban autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Que era todo legal. Hasta tenían recibos en inglés”, relató otro damnificado. Pero en realidad, lo que funcionaba era un esquema piramidal clásico: los intereses de los inversores antiguos eran pagados con el dinero de los nuevos. Cuando se cortó el flujo, todo se derrumbó.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio lleva adelante la acusación por 118 hechos de estafa y asociación ilícita. El tribunal está compuesto por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Feans. El proceso apenas comienza, pero ya dejó en evidencia que Zoe no solo vació bolsillos: también erosionó la fe de muchos en el sistema financiero, la justicia y hasta en sus propios lazos de confianza.
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