Más de 2.600 teléfonos celulares secuestrados en unidades carcelarias de Salta fueron retirados definitivamente de circulación y destinados a reciclaje controlado, en una decisión que combina seguridad penitenciaria y protección ambiental. Se trata de dispositivos incautados durante requisas realizadas entre 2009 y 2021, que permanecían bajo custodia del Estado y que ahora tendrán una disposición final segura.
La medida fue concretada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el objetivo de cerrar el circuito de estos elementos prohibidos dentro del sistema carcelario y evitar riesgos posteriores.
Un volumen que impacta
En total, 2.652 celulares —muchos de ellos con baterías y componentes deteriorados por el paso del tiempo— fueron entregados a la empresa Ecomet S.R.L., especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La intervención garantiza que los equipos no regresen al mercado ilegal ni se transformen en basura tecnológica sin control.
El dato no es menor: los teléfonos móviles contienen metales pesados y sustancias químicas que, si no son tratadas de manera adecuada, pueden generar un serio impacto ambiental. Baterías de litio, placas electrónicas y otros componentes representan un riesgo tanto para el suelo como para el agua.
Seguridad y ambiente, en una misma decisión
Desde el área penitenciaria destacaron que el procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de control, asegurando la trazabilidad de los dispositivos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La acción pone fin al ciclo de estos elementos, que durante años fueron utilizados de manera ilegal dentro de los penales para cometer delitos, coordinar acciones externas o vulnerar los controles de seguridad.
La disposición final de los celulares cumple así un doble objetivo: refuerza la seguridad institucional al eliminar definitivamente estos dispositivos del circuito penitenciario y reduce el impacto ambiental que implicaría su abandono o destrucción inadecuada.
Un cierre definitivo
Con esta entrega, el Estado provincial avanza en una política poco visible pero clave: qué hacer con los objetos secuestrados una vez que dejan de tener valor probatorio o utilidad operativa. En este caso, la respuesta fue clara: ni reutilización ni descarte informal, sino reciclaje responsable.
Más de dos mil celulares que alguna vez circularon en la clandestinidad carcelaria ahora tendrán un destino final controlado. Una decisión silenciosa, pero de alto impacto institucional y ambiental.
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