Con 20 imputados, entre ellos funcionarios penitenciarios, internos y familiares, el proceso judicial expone una compleja trama de corrupción, tráfico de drogas y exacciones ilegales en la Unidad Carcelaria 1.
Este lunes comenzó en Salta un juicio sin precedentes por su gravedad institucional: 20 personas, entre ellas ocho agentes del Servicio Penitenciario, internos y familiares, enfrentan cargos por integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria N°1, conocida como Villa Las Rosas.
La audiencia, presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, marca el inicio de un proceso que pondrá bajo la lupa las estructuras de poder y corrupción dentro del sistema penitenciario provincial.
Un sistema infiltrado: las acusaciones
La Unidad Fiscal integrada por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt acusa a los penitenciarios de haber exigido pagos ilegales (exacciones agravadas), de facilitar la venta de estupefacientes dentro del penal y de conformar una asociación ilícita organizada y jerarquizada.
Los exagentes imputados son: Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, José Luis Alarcón, Marcos Bucotich García, Raúl Arjona, Marcelo Olguín Magno, Rubén Guaymás y Luis Roberto Castaño. A varios de ellos se les atribuye también el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, comidas, cargadores, y la manipulación de beneficios carcelarios a cambio de dinero.
Además, otros 12 imputados —entre ellos familiares de los internos— enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada y participación en una organización criminal.
Primeras declaraciones y medidas especiales
Durante la jornada inicial, seis acusados pidieron declarar. Un exagente que trabajaba en el taller de carpintería reconoció haber recibido una transferencia de la madre de un interno, pero negó cualquier relación con la venta de drogas. Afirmó que el dinero fue para cubrir gastos de materiales y que actuó por humanidad, ya que el recluso “no recibía visitas”.
Otro exagente, Francisco Bisceglia, negó todos los cargos y dijo ser víctima de una persecución laboral. Justificó el ingreso de pizzas al penal como una compra para el personal de guardia, no para los internos.
Dos mujeres acusadas de mover dinero vinculado a las operaciones de narcotráfico también declararon. Una sostuvo que solo ayudaba a su expareja detenido “a recibir comida y ropa”; la otra dijo desconocer el origen de las transferencias que llegaban a una cuenta compartida con su hermano preso.
Testigos protegidos y tensión en la sala
Como cuestión preliminar, la Fiscalía solicitó medidas especiales para proteger a testigos vulnerables, entre ellos internos aún alojados en la cárcel y familiares. Se pidió reserva de identidad, retiro de imputados durante los testimonios y protección contra posibles represalias.
Pese a las objeciones de la defensa, el Tribunal autorizó el procedimiento y desalojó la sala durante la declaración de cuatro testigos reservados. Sus relatos detallaron el cobro de “favores” dentro del penal, las condiciones para acceder a beneficios carcelarios y el circuito de comercialización de droga entre pabellones, con participación activa de agentes penitenciarios.
Una investigación que nació del silencio roto
La causa se inició tras denuncias anónimas radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, que alertaban sobre una red de corrupción y narcotráfico desde la Unidad Carcelaria N°1. Según esos testimonios, internos debían pagar a funcionarios para obtener salidas transitorias, informes favorables o visitas sin requisa. También se detallaba el ingreso de estupefacientes y tecnología mediante sobornos.
La gravedad de los hechos, el número de imputados y el rol institucional de los principales acusados convierten este juicio en un caso testigo sobre la penetración del crimen organizado en ámbitos del Estado.
En la segunda jornada —prevista para este martes— está programada una extensa ronda de testigos que podrían aportar nuevas pruebas sobre el funcionamiento de la organización criminal. El proceso se desarrolla en el Salón de Grandes Juicios, donde también se evaluarán las medidas de resguardo físico y psicológico para los declarantes.
El juicio recién comienza, pero ya pone sobre la mesa la fragilidad de los controles carcelarios, el riesgo de connivencia institucional y la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema penitenciario.
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