La diputada provincial Gladys Paredes lanzó una advertencia categórica frente a un conflicto sanitario y ambiental que se agrava en la frontera norte de Salta: el derrame de líquidos cloacales provenientes del lado boliviano, que afecta a comunidades de Salvador Mazza y zonas aledañas.
En diálogo con Interactiva Noticias, la legisladora aseguró: “Esta situación trae problemas a la flora, la fauna y también a las personas que viven alrededor de ese caos.”
La denuncia se centra en el vertido de aguas servidas sin tratamiento adecuado desde localidades bolivianas como Sacuiba y San José de Pocitos, cuyos residuos terminan en la Quebrada Internacional de Galarza, una zona seca que absorbe estos líquidos contaminantes y los arrastra al río Caraparí durante las épocas de lluvia. “El río Caraparí no es una fuente importante, pero en épocas de seca muchos pobladores extraen agua de allí tanto para uso humano como para el ganado. No hay peces, porque la contaminación es tal que la vida acuática no prospera”, explicó.
Paredes recordó que esta no es una situación nueva. La problemática ha sido planteada en años anteriores, e incluso logró llevarla a la órbita nacional “Hace unos años gestioné una reunión histórica por Zoom con Cancillería Argentina directamente desde Salvador Mazza, con presencia de autoridades nacionales como el diputado Lucas Godoy, el doctor Julio Fornizán, y referentes de organismos como el DINAR y la Cancillería”, detalló.
Sin embargo, aunque en ese entonces se enviaron técnicos para tomar muestras, las lluvias impidieron que se obtuvieran datos concluyentes. “Fue una época de lluvia, y las muestras estaban muy diluidas. Esa deuda pendiente es la que hoy desde la Comisión de Salud queremos saldar, solicitando una audiencia con la Universidad Nacional de Salta para que se realicen los estudios pertinentes”.
La diputada también advirtió sobre la falta de respuesta del gobierno boliviano ante los reiterados planteos. “Desde el lado boliviano no hay voluntad de cambiar todo esto. Por eso es importante resolver el problema sin romper relaciones, pero con firmeza institucional.”
En ese sentido, recordó que existen tratados y convenios internacionales vigentes que podrían activarse: “Las leyes internacionales de medioambiente son claras: los países deben hacerse responsables de cualquier emisión de sustancias nocivas. Además, se establece la cooperación entre naciones para frenar la contaminación transfronteriza.”
La legisladora salteña insistió en la necesidad de avanzar con las gestiones desde el Ejecutivo nacional: “Queremos una solución diplomática urgente. Hay pasos que seguir, sí, pero hay que hacerlo. Las leyes están. Lo que falta es la decisión política de ejecutarlas hasta el final.”
Paredes también valoró el rol de vecinos y referentes comunitarios, especialmente de la localidad de El Sauzal, que alertaron sobre la situación.“Fue gracias a Gabriela Maizares, una vecina del lugar, que tomé conocimiento de este desastre ambiental. El compromiso ciudadano es clave.”
La situación en la frontera norte vuelve a poner en evidencia los desafíos de convivencia y cooperación binacional, especialmente cuando están en juego el derecho a un ambiente sano, la salud pública y el acceso a agua segura para comunidades que históricamente han estado postergadas.
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