La Cámara de Diputados de Salta se prepara para debatir el proyecto de Ley de Juicio por Jurados, enviado por el gobernador Gustavo Sáenz, que busca implementar este sistema en la administración de justicia penal para delitos graves en la provincia.
La propuesta plantea dar cumplimiento al mandato constitucional, según el cual los juicios criminales deberían realizarse con jurados populares, una disposición que, aunque prevista en la Constitución Nacional desde 1853, no ha sido plenamente implementada en Argentina.
El proyecto de ley se apoya en los artículos 5, 118, 121, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y pretende fortalecer la participación ciudadana en el sistema judicial, especialmente en delitos graves. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo también responde a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Canales”, que refuerza la posibilidad de las provincias de legislar sobre juicios por jurados.
El fundamento de la propuesta se basa en que el juicio por jurados permite la combinación de “precisión técnica” y “apreciación popular”, brindando un equilibrio entre los conocimientos legales de los jueces y el sentido común de la ciudadanía. Este sistema asegura que el pueblo participe directamente en la administración de justicia, contribuyendo así a fortalecer la democracia y la transparencia en las decisiones judiciales.
Desde hace varios años, Salta viene evaluando la implementación del juicio por jurados a través de actividades de sensibilización, capacitaciones y simulacros. El proyecto actual retoma esas experiencias y propone inicialmente limitar el juicio por jurados a casos de delitos punibles con prisión perpetua, considerando que este enfoque es económicamente viable y estructuralmente factible para la provincia.
Además, la propuesta de Salta se alinea con los modelos de otras provincias como Mendoza y Buenos Aires, estableciendo que la actuación del jurado sea obligatoria y no dependa de la aceptación del acusado. La idea central es que no solo el acusado tenga el derecho de ser juzgado por sus pares, sino también que el pueblo tenga el derecho de juzgar en representación de la sociedad.
En cuanto al veredicto, se ha propuesto que sea unánime, pero, en caso de desacuerdo, se aplicaría la “regla inglesa”, permitiendo alcanzar un veredicto con diez votos tras un periodo razonable de deliberación. Si no se llega a este consenso, el caso sería sometido a un nuevo juicio.
El debate de esta ley en Salta representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial y la consolidación de un modelo judicial participativo que cumple con los principios republicanos y democráticos establecidos en la Constitución Nacional.
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