Un grupo de docentes auto-convocados inició hoy un ayuno voluntario en la ciudad de Embarcación, en protesta por la cesantía de más de 100 educadores dispuesta por el Gobierno provincial. La medida comenzó a las 07:00 horas y fue comunicada públicamente por el profesor Javier Oviedo, uno de los cesanteados.
“Estamos iniciando esta jornada de ayuno por la reincorporación de los docentes y también para mantener viva la memoria”, expresó Oviedo en una entrevista. El docente hizo referencia a situaciones de alto impacto emocional vividas por colegas en contextos de protesta, como intentos de autolesión, y señaló que el ayuno busca también “sensibilizar a las autoridades” y brindar contención a los afectados.
El profesor sostuvo que la cesantía fue, en su opinión, parte de una “persecución” y que muchas de las sanciones presentan irregularidades. Aseguró que el reclamo no solo apunta a la situación laboral, sino también a la visibilización de problemáticas estructurales en el sistema educativo, como el deterioro edilicio, la falta de inversión y la cobertura insuficiente de servicios básicos en escuelas.
Oviedo afirmó que participarán del ayuno tanto docentes activos como jubilados, y que la medida busca extenderse por 24 horas como gesto simbólico de protesta.
Contexto Oficial
Según el Decreto N.º 264/2025, publicado en el Boletín Oficial en mayo, el Gobierno de Salta ratificó la cesantía de 103 agentes del Ministerio de Educación. La medida se basó en la acumulación de más de diez inasistencias injustificadas durante el año 2023, en el marco de una protesta realizada por docentes auto-convocados.
El Ejecutivo provincial señaló que la protesta no contó con respaldo gremial formal, por lo que las ausencias fueron consideradas injustificadas. Asimismo, se rechazaron recursos presentados por los docentes, aludiendo que estos contaron con oportunidad de defensa y de presentar pruebas. Algunos recursos fueron además declarados inadmisibles por cuestiones formales.
Las cesantías se aplicaron conforme al artículo 88 del Decreto N.º 4118/1997, y la administración recordó que la decisión final recae en el Gobernador, según lo establece la Constitución de Salta. Con la vía administrativa agotada, los afectados pueden recurrir a la Justicia si buscan revertir la medida.
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