Por primera vez en lo que va del gobierno de Javier Milei, los 24 gobernadores del país –sin distinción partidaria– firmaron en conjunto un proyecto de ley que exige la eliminación de dos fondos fiduciarios nacionales y el reparto inmediato del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo hicieron en un contexto que definen como de “emergencia financiera” y en el que advierten que estos fondos, por derecho, les corresponden a las provincias.
El reclamo marca un punto de inflexión: un frente unido de mandatarios provinciales, incluyendo tanto aliados como opositores del oficialismo, decidió actuar ante lo que consideran un incumplimiento sistemático por parte del Gobierno nacional. Apuntan a fondos provenientes del impuesto a los combustibles que, aseguran, no se están ejecutando ni distribuyendo como indica la ley.
“Está la firma de los 24; ahora no se pueden sacar los pies del plato”, resumió un gobernador aliado, visiblemente molesto con la Casa Rosada.
La gota que colmó el vaso
Desde noviembre de 2023 hasta mayo de este año, las provincias calculan haber perdido alrededor de $30 billones en transferencias: $13,4 billones por caída en la coparticipación, $7,7 billones por menores giros no automáticos y $9,3 billones en fondos fiduciarios sin ejecutar.
La iniciativa de los gobernadores tomó forma tras reuniones en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tras el diálogo con funcionarios nacionales como Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Lisandro Catalán y Carlos Guberman. Según los mandatarios, los encuentros no arrojaron resultados concretos y agotaron la vía del diálogo.
¿Qué reclaman?
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Eliminación de dos fondos fiduciarios:
Quieren disolver el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte y el de Infraestructura Hídrica, que en 2025 recibieron $500.000 millones de los $1,5 billones recaudados por el impuesto a los combustibles. Piden que ese dinero sea coparticipable, para que cada jurisdicción lo utilice según sus prioridades. -
Distribución del remanente de ATNs:
Plantean que los ATN no ejecutados se repartan de acuerdo con los coeficientes de coparticipación, señalando que esos recursos son “de las provincias” y no deben usarse para mostrar superávit fiscal desde Nación.
Un frente político amplio
El proyecto cuenta con la firma de gobernadores de todos los colores políticos: desde los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), hasta los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), pasando por el PRO con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa). En privado, aseguran que la medida “no compromete el equilibrio fiscal nacional” y sólo apunta a corregir una distribución injusta.
“No estamos pidiendo plata extra. Es plata que ya está, que nos corresponde y que aliviaría enormemente las cuentas provinciales”, insistió uno de los mandatarios.
Choque de modelos
Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que habrá “una contrapropuesta” que no ponga en riesgo el superávit. Sin embargo, en el Ministerio de Economía cuestionan la exigencia: “Si se llevan la plata del impuesto a los combustibles, que también se lleven las rutas. No pueden quedarse con ambas”, dicen.
Los gobernadores, por su parte, retrucan: las rutas nacionales están en estado crítico, las obras están paralizadas y el Gobierno central no cumple con su parte.
¿Vuelve el conflicto Nación-provincias?
La unidad de los 24 gobernadores recuerda el conflicto vivido en febrero entre la Nación y Chubut, cuando el presidente Milei ordenó retener fondos por una deuda provincial y se enfrentó abiertamente con el gobernador Ignacio Torres. La Corte Suprema falló a favor de la provincia, pero la tensión marcó un antes y un después.
Ahora, con la propuesta de ley en mano, los mandatarios esperan que el Congreso actúe. Aseguran que si no hay respuesta positiva, no descartan acudir a la Corte Suprema para exigir el reparto de los fondos.
“Sin provincias no hay país. No vamos a seguir soportando ajustes unilaterales mientras cubrimos funciones que la Nación abandonó”, advirtió uno de los firmantes.
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