El presidente Javier Milei intentó despegarse del escándalo del avión privado que ingresó al país desde Miami sin control aduanero. En una entrevista radial, negó vínculos personales con los pasajeros y responsabilizó a la Aduana por la decisión de no revisar el equipaje.
La polémica se desató tras la revelación de que Laura Belén Arrieta, única pasajera del vuelo que aterrizó en Aeroparque el pasado 26 de febrero, pasó junto a la tripulación con al menos diez bultos sin ser controlados. La información, confirmada por imágenes de seguridad y un dictamen fiscal, reavivó cuestionamientos sobre posibles privilegios y vínculos entre el oficialismo y empresarios cercanos al poder.
“Que tenga una foto con una persona no me convierte en su amigo. Esa imagen fue en un acto público con muchas otras personas. Muestren la foto completa”, reclamó Milei, en diálogo con Luis Majul. Se refería a un evento de la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), en noviembre de 2024, donde posó junto a Arrieta, el líder de Vox Santiago Abascal y Eduardo Bolsonaro.
Arrieta forma parte de esa organización y mantiene vínculos con Leonardo Scatturice, el empresario dueño de la aeronave Bombardier involucrada en el hecho. Scatturice, según diversas fuentes, tiene lazos con los servicios de inteligencia, empresas en Estados Unidos y habría sido quien facilitó el contacto entre Milei y Donald Trump a principios de año.
Consultado sobre el empresario, Milei fue tajante: “Conozco el nombre, pero si pasa por acá no sé quién es”. También minimizó el episodio: “Es un vuelto, están buscando armar algo donde no hay nada”.
El presidente insistió en que no hubo delito ni procedimiento irregular: “La Aduana decide arbitrariamente a quién controla. Es una práctica habitual, no hay nada fuera de lo común”. Y defendió la legalidad del ingreso: “Venían de Estados Unidos, donde hay controles exhaustivos. Si hubiera algo sospechoso, los hubiesen frenado allá”.
La reacción del mandatario se produce luego de que el periodista Carlos Pagni revelara el caso en febrero. En ese entonces, desde el Gobierno se acusó al periodismo de inventar “una historia fácticamente imposible”, según palabras del vocero presidencial Manuel Adorni.
No obstante, la investigación judicial avanzó: un dictamen fiscal confirmó la falta de controles, lo que derivó en la apertura de un sumario interno y una denuncia formal.
Pese a los indicios, Milei se mantuvo firme: “No hay ninguna irregularidad. Es un disparate lo que están buscando. Nosotros mismos hicimos la denuncia”.
El escándalo, lejos de apagarse, vuelve a poner bajo la lupa la gestión del oficialismo y su cercanía con empresarios de perfil bajo pero influencia creciente.
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