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Preocupación en el Senado por posibles recortes y cambios en la estructura del INTA

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En una reunión ampliada en el Senado, representantes técnicos, investigadores y gremiales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Salta y Jujuy expresaron una profunda preocupación ante versiones sobre un inminente decreto del Poder Ejecutivo que modificaría la estructura de gobernanza del organismo, con el riesgo de provocar recortes presupuestarios, cierres de programas e incluso despidos masivos.

La reunión, convocada por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Transporte, y la de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, fue encabezada por los senadores Walter Wayar y Javier Mónico, y contó con la participación de más de una docena de legisladores de distintas provincias. Por el INTA asistieron representantes clave de la región NOA, entre ellos Analía Gopar (delegación Valle de Lerma), David Vargas (gremio APINTA), Bruno Baldi (Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido) y Juan Micheloud (Conicet – sede Salta).

Durante la sesión, los expositores remarcaron el rol estratégico del INTA en el desarrollo agrícola, ganadero y ambiental del país, particularmente en las economías regionales. “El INTA no solo investiga, sino que genera impacto directo en la vida de miles de productores”, sostuvo Micheloud. Desde vacunas para enfermedades del ganado hasta el desarrollo de tecnologías para la producción de cultivos regionales, la institución —con más de 68 años de historia— es considerada un pilar del entramado productivo nacional.

Gopar detalló que solo en Salta y Jujuy trabajan 169 personas en el INTA, distribuidas en estaciones experimentales, laboratorios y unidades de extensión rural. “Acompañamos a productores familiares, cooperativas y grandes establecimientos en todo el territorio, desde la Puna hasta la selva”, explicó.

Los posibles cambios estructurales que contempla el decreto modificarían la actual conducción del INTA —hoy conformada por tres representantes del Estado y siete de entidades privadas en un esquema de gobernanza autónoma—, lo que según denuncian los gremios podría derivar en despidos de hasta 1.500 trabajadores a nivel nacional y la pérdida de programas claves para la producción local.

“El ajuste no está basado en ninguna evaluación técnica ni económica seria. Es una propuesta de desmantelamiento que pone en riesgo un capital institucional construido en casi siete décadas”, advirtió Baldi, quien también alertó sobre la posible venta de tierras del organismo y la transferencia de funciones estratégicas a jurisdicciones provinciales o municipales.

Desde el gremio APINTA, Vargas afirmó que el INTA puede afrontar auditorías sin problemas y defendió la transparencia de sus concursos y becas. “Nuestra defensa no es corporativa. El INTA es un bien público que sostiene el presente y el futuro del campo argentino”, subrayó.

Amplio respaldo político

La preocupación encontró eco en los legisladores presentes. Miguel Calabró señaló que “el INTA es una marca registrada de la Argentina” y que recortarlo sería “un error inentendible”. Walter Wayar pidió un pronunciamiento institucional por parte del Gobierno de Salta y de los mandatarios del Norte Grande, mientras que Mónico cuestionó el sentido de ajustar un organismo que “funciona con eficiencia y prestigio internacional”.

Esteban D’Andrea propuso articular acciones con el Ministerio de la Producción para conocer los detalles del decreto y evaluar alternativas. Por su parte, Gonzalo Caro Dávalos destacó la apertura del INTA a la comunidad y su vinculación con los productores locales.

El senador Enrique Cornejo anticipó que los representantes de Salta llevarán esta problemática a la próxima reunión del Parlamento del Norte Grande, prevista para el 27 de este mes, con la intención de elevar la discusión a nivel regional.

Un debate en desarrollo

El futuro del INTA sigue siendo incierto ante la falta de información oficial sobre el contenido del decreto que estaría elaborando el Ejecutivo. Mientras tanto, desde diversos sectores científicos, productivos y políticos se multiplica el reclamo por preservar una institución que, para muchos, es esencial para el desarrollo sustentable del país.

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