El proyecto presentado por el diputado Roque Cornejo y respaldado por dirigentes de La Libertad Avanza y Ahora Patria, propone una versión provincial de la llamada “Ley de Bases”, con privatizaciones, reducción de la estructura estatal y venta de bienes públicos.
Por Marcela Pérez
A primera vista el texto se presenta como una iniciativa destinada a modernizar la administración provincial, mejorar la eficiencia y aliviar el gasto público. Sin embargo, detrás de esa narrativa aparece un problema de fondo: la intención de trasladar a la provincia el mismo esquema de ajuste que actualmente aplica el gobierno nacional.
El contexto en el que se presenta el proyecto no es menor. Desde la llegada al poder de Javier Milei, el Estado nacional ha reducido de manera drástica transferencias y programas que durante años formaron parte del financiamiento compartido con las provincias. Subsidios al transporte público (solo para provincias y no para Buenos Aires), fondos educativos como el incentivo docente, distintos programas de salud, y obras de infraestructura fueron recortados o directamente eliminados. Esa decisión obligó a muchas provincias, entre ellas Salta, a absorber responsabilidades que antes eran compartidas con Nación. El gasto que hoy algunos sectores critican no surge de un Estado sobredimensionado sino de la necesidad de sostener servicios que el gobierno nacional dejó de financiar.
En ese marco, el proyecto libertario plantea privatizar o desprenderse de empresas públicas estratégicas como Aguas del Norte, SAETA y REMSA, argumentando que registran pérdidas económicas. El razonamiento parte de una premisa que resulta, al menos, discutible: medir el desempeño de empresas que prestan servicios públicos únicamente con criterios de rentabilidad. Estas compañías no fueron creadas para generar ganancias como una empresa privada, sino para garantizar el acceso a servicios esenciales en todo el territorio provincial, incluso en aquellos lugares donde la inversión privada nunca llegaría por falta de rentabilidad inmediata.
El transporte público es un ejemplo claro. SAETA no sólo administra el sistema urbano e interurbano sino que además sostiene políticas de inclusión como los boletos gratuitos o subsidiados para estudiantes. Un operador privado, guiado por la lógica estricta del mercado, difícilmente mantendría ese tipo de beneficios sin trasladar el costo a las tarifas o exigir subsidios estatales. La misma lógica se aplica al agua potable. Aguas del Norte ejecuta obras en zonas donde el retorno económico es inexistente o tardío, pero donde el servicio resulta indispensable para la calidad de vida de la población. Si la gestión quedara en manos privadas, la prioridad inevitablemente sería la rentabilidad y no la universalización del servicio.
En ese sentido, el argumento del “ahorro fiscal” que plantea el proyecto aparece como una promesa difícil de sostener. Se menciona la posibilidad de generar un ahorro superior a ciento cincuenta mil millones de pesos si se eliminan los aportes provinciales a estas empresas. Sin embargo, esa estimación no contempla costos de transición, subsidios que probablemente deberían mantenerse para evitar aumentos tarifarios desmedidos ni el impacto social que podría generar la retirada del Estado de sectores estratégicos.
El proyecto también propone privatizar empresas vinculadas al turismo y a la promoción económica, como el Complejo Teleférico, el Tren a las Nubes o el Centro de Convenciones. La argumentación se apoya en la idea de que la inversión privada incrementará la eficiencia y atraerá capitales. Sin embargo, estas iniciativas no sólo cumplen una función económica sino también estratégica para la promoción de la provincia y el desarrollo regional. Su eventual venta implicaría ceder herramientas que hoy forman parte de la política pública de desarrollo.
Otra de las contradicciones del proyecto aparece en la propuesta de crear fiscalías anticorrupción. Mientras se sostiene que es necesario reducir el Estado para disminuir el gasto, se plantea simultáneamente la creación de nuevas estructuras judiciales con presupuesto propio, personal y recursos operativos. Además, en la provincia ya existen fiscalías especializadas que investigan delitos complejos y casos de corrupción, como la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. Estas estructuras han intervenido en investigaciones relevantes y han derivado en procesos judiciales y condenas, lo que pone en duda la necesidad real de crear nuevos organismos.
El proyecto incluso recurre a referencias teóricas del liberalismo económico, citando al economista Adam Smith para defender la superioridad del mercado en la generación de riqueza. Sin embargo, esa lectura ignora que incluso en economías liberales modernas el Estado cumple un rol fundamental en la provisión de bienes públicos y en la regulación de servicios esenciales. El problema no es la existencia del Estado sino la forma en que se lo gestiona.
Más que un programa técnico de modernización administrativa, la iniciativa parece responder a una visión ideológica que concibe al Estado como un obstáculo antes que como una herramienta. El riesgo de aplicar ese enfoque en una provincia con profundas desigualdades territoriales es evidente. Allí donde el mercado no encuentra rentabilidad suficiente, la ausencia estatal suele traducirse en exclusión.
El verdadero debate no debería centrarse en eliminar o no al Estado, sino en cómo mejorar su eficiencia, cómo garantizar que los servicios lleguen a toda la población y cómo sostener políticas de desarrollo que permitan reducir las brechas sociales y territoriales. Desmantelar estructuras públicas sin ofrecer alternativas concretas para garantizar esos objetivos puede generar un efecto contrario al que se proclama: menos acceso, mayor desigualdad y un Estado debilitado frente a desafíos cada vez más complejos.
En ese contexto, la propuesta libertaria corre el riesgo de convertirse más en un instrumento para replicar el ajuste nacional en el ámbito provincial que en una verdadera estrategia de desarrollo para Salta.
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