La postal se repite, pero el contexto cambió. El gobernador de Gustavo Sáenz volvió a sentarse con funcionarios nacionales para exigir la continuidad de obras viales en la provincia. Esta vez, el planteo no solo apunta a destrabar proyectos: deja al descubierto una dinámica más profunda, donde las provincias comienzan a asumir —por necesidad— compromisos que históricamente correspondían a la Nación.
En la reunión con Carlos Frugoni, secretario Coordinador de Infraestructura, el foco estuvo puesto en tres frentes críticos: la ruta nacional 9/34, los puentes sobre el río Vaqueros y los tramos 2 y 3 de la ruta nacional 51. No son obras menores. Se trata de corredores que impactan directamente en la seguridad vial, la circulación metropolitana y la proyección productiva hacia el corredor bioceánico.
El punto más sensible no es técnico sino político: la continuidad de estos proyectos depende de fondos nacionales que hoy no tienen garantía plena de ejecución. Por eso, el reclamo de Sáenz —“son recursos que corresponden a los salteños”— no es solo una declaración, sino una señal de presión en un escenario de ajuste y redefinición del gasto público a nivel país.
La ruta 9/34, por ejemplo, arrastra históricamente cuestionamientos por su nivel de siniestralidad. Su mejora no solo implica infraestructura, sino una intervención directa en uno de los problemas más críticos de la región. En paralelo, el puente de Vaqueros aparece como una obra estratégica para descomprimir uno de los accesos más congestionados del área metropolitana.
Pero es la ruta 51 la que agrega una dimensión geopolítica: conecta con la Puna y forma parte del esquema de integración con Chile. En tiempos donde se busca potenciar exportaciones y corredores logísticos, su paralización impacta más allá del territorio provincial.
El dato que sobresale del planteo oficial es otro: la Provincia ya absorbió obras que la Nación dejó inconclusas, desde viviendas hasta infraestructura judicial. Es decir, el reclamo convive con una realidad en la que Salta ya está ejecutando —con recursos propios o reasignados— proyectos que no le eran originalmente propios.
En ese marco, la insistencia en las 11 rutas acordadas en 2024 funciona como una línea roja: un paquete de obras que el gobierno provincial no está dispuesto a resignar. La pregunta es cuánto margen real existe para sostener ese compromiso sin financiamiento nacional sostenido.
El encuentro en Buenos Aires, entonces, no es solo una gestión más. Es parte de una negociación permanente donde las provincias buscan garantizar obras en un escenario de retracción del Estado nacional. Y donde cada avance —o demora— empieza a tener impacto directo en el desarrollo y la competitividad regional.
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