En un operativo sin precedentes en la región, la justicia federal asestó un golpe certero a una estructura delictiva de contrabando y presunto lavado de activos que operaba impunemente en la frontera norte del país. El fiscal federal Marcos Romero, a cargo de la sede Descentralizada de Orán, fue quien llevó adelante la ofensiva legal que terminó con la detención de 11 personas y el secuestro de mercadería valuada en casi 140 millones de pesos.
El escenario de esta red criminal no es otro que la finca “Karina”, ubicada en la localidad salteña de Aguas Blancas, estratégicamente posicionada a la vera de la Ruta Nacional 50 y colindante con el río Bermejo, frontera natural con Bolivia. Este punto geográfico, lejos de ser una mera casualidad, resulta central para comprender el despliegue logístico y la magnitud de la operatoria ilegal: una verdadera puerta abierta al contrabando, por donde pasaban toneladas de mercancías en ambas direcciones.
La investigación, iniciada por noticia criminis y luego reforzada con un segundo expediente bajo la órbita del fiscal general Eduardo Villalba, permitió descubrir que la finca funcionaba como una plataforma clandestina con una estructura de funcionamiento casi empresarial. Se había acondicionado un camino rural para el tránsito de vehículos desde la ruta hasta el borde del río, donde se encontraba una “playa” de carga y descarga. Allí operaban gomones que cruzaban mercadería de un lado al otro del río. Como si se tratara de una aduana paralela, se cobraban peajes por bulto y por vehículo. Nada de esto era improvisado.
Lo hallado en el lugar lo confirma: un camión con gaseosas bolivianas valuadas en tres millones de pesos, más de 20 vehículos listos para cargar o descargar, dinero en efectivo incautado en plena jornada operativa y el cierre definitivo de la finca, ahora bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Todo indica que se trataba de un negocio aceitado y rentable, que se desarrollaba a la vista de todos y con una red de complicidades aún por determinar.
Este operativo —que involucró a 170 efectivos de Gendarmería, Aduanas, Prefectura, Policía Federal, Policía de la Provincia e inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero— revela mucho más que una postal del delito transfronterizo: muestra cómo en algunos puntos del país, la frontera entre la legalidad y la impunidad es tan delgada como el cauce del Bermejo.
El liderazgo del fiscal Marcos Romero en esta causa marca una diferencia. Su intervención decidida, junto al respaldo del juez federal Gustavo Montoya, demuestran que cuando la justicia se articula con inteligencia criminal, coordinación interinstitucional y decisión política, los resultados pueden ser contundentes. No obstante, esto también desnuda la precariedad estructural del Estado para ejercer soberanía efectiva en zonas estratégicas, donde la geografía y el abandono favorecen la instalación de economías paralelas que no solo empobrecen al fisco, sino que alimentan estructuras mafiosas con capacidad de corromper, cooptar y consolidarse.
La detención de los responsables y el secuestro de bienes deben ser el comienzo, no el final. Lo que ocurrió en la finca Karina debe ser tomado como un llamado urgente para repensar el control territorial, la inversión en inteligencia fronteriza y la aplicación efectiva de la ley en áreas grises donde se mezclan el contrabando, el tráfico, el lavado y la corrupción.
En un país donde la economía informal erosiona las bases del desarrollo y la confianza en las instituciones, este caso nos muestra un espejo incómodo. Pero también, por qué no, una posibilidad: la de recuperar el control del Estado sobre sus fronteras, su legalidad y su futuro.
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