Amnistía Internacional alertó sobre el incremento de ataques a la libertad de expresión en Argentina, enviando una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos para expresar su preocupación.
La organización internacional ha documentado que, en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, cerca de 30 periodistas han sido objeto de hostigamiento en redes sociales y medios de comunicación.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, destacó que, aunque el actual gobierno lleva poco tiempo en gestión, se ha observado un clima de confrontación, odio, temor y noticias falsas que vulnera principios básicos del Estado de derecho. La carta de Amnistía Internacional subraya que la red social X (anteriormente Twitter) se ha convertido en una herramienta para lanzar ataques y acusaciones contra periodistas, quienes han sido etiquetados con términos despectivos como “mentirosos”, “ensobrados” e “imbéciles”.
Entre los periodistas afectados se encuentran Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O’Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi. La organización también ha cuestionado la arbitrariedad en la revocación de acreditaciones, citando el caso de Silvia Mercado, quien vio retirada su acreditación en la Casa Rosada el 6 de junio de 2024, a pesar de cumplir con los nuevos requisitos.
Amnistía Internacional ha señalado que estas agresiones tienen un impacto aún más profundo cuando las víctimas son mujeres, afectando no solo el debate público sino también la salud de los afectados. La organización también ha criticado la eliminación de acreditaciones a más de 50 periodistas en la Casa Rosada, acusando al gobierno de implementar una política de restricciones arbitrarias y discriminatorias.
En la carta, Amnistía Internacional ha instado a la CIDH y a las Relatorías Especiales a intervenir urgentemente, recomendando que el Estado argentino se abstenga de usar discursos criminalizantes y establezca directrices específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el periodismo. La organización ha llamado a proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión y prensa, esenciales para el funcionamiento de una democracia sana.
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