Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal ratificará la condena de seis años de prisión impuesta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de direccionar obras públicas en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Aunque el fallo de confirmación representa un hito en el caso, Kirchner no será detenida mientras persista su apelación ante la Corte Suprema, la cual definirá el veredicto final en un proceso que podría extenderse por varios años.
El fallo original, emitido por el Tribunal Oral Federal N° 2 en diciembre de 2022, la declaró culpable de fraude contra la administración pública, una acusación que también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, a pesar de esta confirmación en Casación, Kirchner planea resistir la sentencia mediante una última instancia de apelación. La defensa de la vicepresidenta argumenta que su caso es un claro ejemplo de “lawfare,” una supuesta persecución judicial y mediática que, según sus seguidores, intenta debilitar a figuras políticas opositoras.
El fallo final de Casación será emitido en una audiencia pública en el edificio de Comodoro Py, donde se ha preparado un fuerte operativo de seguridad ante la convocatoria de sectores kirchneristas para una clase pública en apoyo a Fernández de Kirchner. Organizaciones políticas, con figuras como Juan Grabois y el ministro de Justicia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, denuncian “mecanismos de persecución” y aseguran que el caso busca empañar la carrera de la expresidenta.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la Sala IV de Casación, han seguido el caso desde mayo de este año, enfrentando divergencias y retrasos en el proceso. Se espera que el fallo final sea por mayoría, con un voto disidente que intentaba agregar el cargo de asociación ilícita a la condena, un cargo rechazado por la mayoría de los jueces.
Aunque la sentencia de seis años y la inhabilitación para cargos públicos aún no se aplicarán, el fallo podría tener implicaciones en el ámbito político si el Congreso aprueba la ley de ficha limpia, que prohibiría a personas condenadas presentarse como candidatas.
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