El gobierno de Alberto Fernández no comenzó el juicio de expropiación durante su mandato. Ahora, con la administración libertaria en funciones, se ha iniciado el juicio y se ha solicitado la posesión anticipada del inmueble para poder continuar con los pasos legales restantes. Las organizaciones de víctimas, que luchan por que el lugar se convierta en un espacio de memoria, sostienen que esta es la mejor forma de honrar a los fallecidos y evitar que una tragedia como la de Cromañón se repita.
Según la ley N°27.695, los inmuebles en cuestión deben ser destinados a la creación de un espacio de memoria, con una muestra permanente sobre lo sucedido y actividades culturales y educativas. Además, la ley establece que los elementos testimoniales de la masacre deben ser conservados como parte del valor histórico y cultural del lugar. Si el expropiante no inicia el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley, la expropiación se considera abandonada, lo que pone en riesgo el proceso.
En paralelo, en el Congreso se están discutiendo proyectos para prorrogar el plazo de expropiación. El senador Sergio Uñac ha presentado un proyecto para extender el plazo por dos años más, mientras que otros legisladores, como Anabel Fernández Sagasti e Inés Pilatti Vergara, piden una prórroga similar. En Diputados, la propuesta de prórroga tiene el apoyo de varias figuras políticas y las organizaciones de víctimas están trabajando para que se convoque a una sesión especial para su tratamiento.
Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón y miembro de la organización El Camino es Cultural, expresó: “Convertir esos inmuebles en un espacio de memoria nos permite trascendernos, poner en tensión la construcción mediática, resguardar nuestros testimonios y garantizar que las nuevas generaciones conozcan el pasado reciente de nuestro país”. También destacó la necesidad de un cambio en la ley 4786 de la Legislatura porteña para tratar la tragedia como una “masacre”, en lugar de como una “tragedia”, y enfatizó la responsabilidad estatal en la prevención del hecho.
A medida que se acercan los 20 años de la tragedia, las víctimas insisten en que el Estado debe asumir la responsabilidad de asegurar que el lugar se convierta en un espacio de memoria, donde se honre la vida y se prevenga que semejantes hechos se repitan.
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