En una sesión marcada por el caos reglamentario, la división opositora y la creciente tensión con los gobernadores, el Senado sancionó este jueves una serie de leyes clave que significaron un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei. Entre ellas, se aprobaron la recomposición de las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Una de las ausencias más notorias —y políticamente costosas— fue la del senador salteño Juan Carlos Romero, aliado clave del oficialismo en la Cámara alta.
Romero, integrante del PRO y habitual articulador de los intereses del Gobierno en el Senado, no estuvo presente durante la votación, en la que el oficialismo necesitaba cada voto posible para frenar el avance opositor. Su ausencia se sumó a la retirada de los libertarios y gran parte del bloque PRO del recinto, en desacuerdo con la validez de la sesión, que fue impulsada sin una convocatoria formal de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En contraste, los senadores salteños Sergio Leavy y Nora Giménez, ambos del interbloque peronista, votaron a favor de las iniciativas, alineándose con el bloque de Unión por la Patria y varios aliados circunstanciales del radicalismo y de fuerzas provinciales.
La votación que desató la tormenta
Con 52 votos afirmativos, cero negativos y cuatro abstenciones, el proyecto de ley que otorga un aumento del 7,2% en las jubilaciones fue aprobado sin resistencia. El bono de los haberes mínimos también fue elevado a $110.000 y se estableció su actualización por inflación. En paralelo, se sancionó la prórroga de la moratoria previsional, con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención, y se declaró la emergencia en discapacidad por unanimidad (56 votos).
Sin embargo, la aprobación no fue sencilla: se dio en medio de un tenso clima institucional, con denuncias del oficialismo sobre una supuesta violación al reglamento y acusaciones cruzadas que escalaron hasta el propio Presidente Milei, quien tildó a Villarruel de “traidora” y anticipó que vetará las leyes, e incluso judicializará su sanción.
La silla vacía de Romero
El dato de la ausencia de Romero no pasó desapercibido en el tablero político. Mientras Villarruel era blanco de ataques internos y Bullrich exigía que “no convalide al kirchnerismo destructor”, Romero —habitual operador de confianza para articular con otros bloques— optó por no presentarse, dicen fuentes cercanas, que se encontraría en un oportuno viaje a Estados Unidos.
En una sesión donde el oficialismo carecía de mayoría y necesitaba negociar cada voto, la ausencia de Romero fue leída por algunos como un gesto de distanciamiento táctico, y por otros como una falla estratégica que terminó de sellar la derrota libertaria.
Cabe destacar que Juan Carlos Romero intenta renovar su banca en el Senado pero los aliados de Milei en Salta, ya proclamaron como su candidato a Alfredo Olmedo y se pronunciaron públicamente en contra del ingreso del exgobernador a las filas del mileismo. Un pase de facturas que le costó caro a La Libertad Avanza?
Un Senado que se movió sin el Gobierno
A pesar de la retirada del bloque oficialista, la sesión continuó bajo la presidencia provisoria de Silvia Sapag (Neuquén)y el impulso del kirchnerismo, con apoyo de senadores de la UCR, partidos provinciales y algunos disidentes del PRO, como Guadalupe Tagliaferri.
El respaldo a las leyes jubilatorias, que ya contaban con media sanción de Diputados, expuso no solo la debilidad legislativa de La Libertad Avanza, sino también el desgaste de su alianza con parte del PRO, que esta vez no cerró filas con la Casa Rosada.
¿Oportunismo o cálculo?
En Salta, el silencio de Romero tras la sesión abrió interrogantes sobre sus próximos movimientos. Aliado del poder desde hace décadas, supo acomodarse a distintas administraciones. Esta vez, su ausencia puede interpretarse como una señal de malestar o, tal vez, como una medida de contención frente a un gobierno que no logra recomponer el vínculo con las provincias.
Mientras tanto, en Balcarce 50, la derrota se vive como traición. Con el veto presidencial ya anunciado y posibles judicializaciones en camino, el gobierno enfrenta una crisis institucional y política de su propia cosecha. Y entre las figuras que quedaron bajo la lupa, Romero ya ocupa un lugar destacado.
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