El pasado jueves 4 de febrero se realizó en la localidad de Campo Santo, departamento Güemes, una audiencia pública para debatir el pedido de desmonte de casi 1.800 hectáreas solicitado por en Ingenio San Isidro. La audiencia forma parte de las que fueron convocadas en un mes para debatir el desmonte de 30 mil hectáreas en toda la provincia.
“La audiencia se realizó en un salón del propio ingenio, algo que no había ocurrido en las otras audiencias, que se realizaron en lugares públicos o locales de sindicatos. Lo grave de esto es que el ingenio impuso sus condiciones de ingreso al predio, y no permitió que podamos ingresar con carteles, como si pudimos hacerlo la semana anterior en la audiencia de Joaquín V. González. Además de que nos revisaran la mochila, cosa que no ocurrió con el resto de la concurrencia”- denunciaron desde el Partido Obrero.
Señalaron también que “Todo el poder político local participó del debate para apoyar a la empresa y particularmente al Grupo Ruiz, el nuevo propietario del ingenio luego del retiro de la multinacional peruana Gloria. La intendenta de Campo Santo, Josefina Pastrana, el diputado del departamento Güemes Germán Rallé y el senador Carlos Rosso, intervinieron en la audiencia. También se sumaron a ese apoyo la seccional de ATE local, el sindicato amarillo creado bajo la nueva gestión patronal, UTASI, un par de productores cañeros independientes, y hasta un representante de la Unión Industrial de Salta”.
“El argumento común de todos ellos fue la necesidad de que se habilite este desmonte, con el cual la empresa ampliará el cultivo de caña de azúcar e incorporará limón, para crear fuentes de trabajo en una zona muy golpeada por la desocupación. No fueron pocos los que además responsabilizaron a los trabajadores y al sindicato Soeasi, de la salida del Grupo Gloria, diciendo que las medidas de fuerza, habían hecho inviable al ingenio. Quienes más desarrollaron este ángulo fueron los productores cañero”- se destacó.
Pablo López destacó que “Denunciamos que la última “quiebra”, una de las tantas que tuvo el ingenio en sus más de 200 años de historia, fue un fraude. Un elemento que lo demuestra es que pocos meses después de haber cerrado la empresa y despedido a los trabajadores, estuvo finalizado el estudio de impacto ambiental que se estaba debatiendo en la audiencia. Para ello la decisión de ampliar el área de siembra fue tomada antes de la supuesta quiebra. También mencioné el testimonio en la legislatura de un exgerente que denunció cómo la empresa bajaba intencionalmente la producción sin motivo alguno. Esto demuestra que de lo que se trataba en realidad era de una reestructuración laboral, que permite que hoy la nueva patronal produzca lo mismo o más con menos de la mitad de los trabajadores, de los cuales muchos están tercerizados y con bajísimos salarios. Este nuevo esquema, sumado a la obsolescencia de una parte de la fábrica, está produciendo una gran cantidad de accidentes. Además en el inicio de la pandemia, ingenio fue un foco de contagios por la falta de protocolos.”
“Los despedidos durante el cierre han cobrado solo la mitad de la indemnización. Por eso estuvieron en las afuera de la audiencia reclamando que se les pague lo adeudado, que incluso debiera hacerlo la nueva patronal que es responsable solidaria de la anterior. La idea de que si se habilita este proyecto se resuelve el problema del trabajo es falsa. La cosecha de caña está completamente mecanizada. Además los nuevos puestos que se generen serán bajo un régimen de enorme precarización. Dejamos bien en claro que si en más de 200 años el ingenio no resolvió el problema y no generó desarrollo alguno en la zona, no va a pasar ahora con unas cuantas hectáreas más de producción”- señaló López.
Fuente: Prensa Obrera
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