El Gobierno oficializó la implementación de la Evaluación General, un nuevo examen obligatorio que se deberá aprobar para trabajar en la Administración Pública Nacional (APN). Esta medida forma parte de la reglamentación de la Ley Bases, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la dirección de Federico Sturzenegger. Los apartados relacionados con privatizaciones y delegaciones de facultades también fueron oficializados este lunes.
En julio, poco después de asumir su cargo, Sturzenegger anunció sus planes para la nueva cartera, creada específicamente para reglamentar la Ley Bases. Uno de los proyectos más controvertidos ha sido la Evaluación General, criticada por diversos gremios y sindicatos, especialmente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Sturzenegger defendió la medida, argumentando que busca eliminar el clientelismo y la influencia política en el empleo público. Según sus declaraciones, la evaluación permitirá “dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos” y garantizará que solo personas idóneas ingresen a la función pública.
El decreto 695/2024, en su anexo 1, detalla la importancia del nuevo examen. El artículo 4° del decreto N° 1421 de 2002 fue modificado para establecer que, para obtener un trabajo en la APN, será obligatorio aprobar una Evaluación General de conocimientos y competencias. Esta evaluación se realizará de manera que cada persona evaluada solo pueda ser individualizada después de su calificación. Además, la Autoridad de Aplicación determinará el puntaje mínimo necesario y el número de intentos permitidos.
Este nuevo examen se sumará a otros requisitos ya vigentes, como la declaración jurada patrimonial integral y los antecedentes laborales y penales. Estos requisitos buscan asegurar el cumplimiento de los estándares de ingreso y la acreditación de los postulantes.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha expresado su rechazo a esta medida. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó la iniciativa como “perversa” y criticó al Gobierno por enfocarse en las condiciones de ingreso mientras genera egresos. Aguiar afirmó que ATE siempre ha apoyado el ingreso por concurso y la estabilidad laboral, pero rechazó el acomodo político.
La implementación de la Evaluación General marca un cambio significativo en la contratación del empleo público en Argentina. Aunque su objetivo es promover la idoneidad y reducir la influencia política, ha generado controversia y oposición entre los trabajadores del Estado. Resta por ver cómo se desarrollará la evaluación y cuáles serán sus impactos en la administración pública nacional.
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