El Instituto Provincial de Salud (IPS) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. A la presión social que obligó al Gobierno a retirar el controvertido proyecto de reforma de su funcionamiento, se suman en los últimos días dos investigaciones judiciales iniciadas de oficio por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que apuntan a posibles maniobras fraudulentas vinculadas a sobrefacturaciones, irregularidades en convenios y perjuicio al erario público.
La fiscal penal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio inició dos actuaciones paralelas. La primera, tras recibir una notitia criminis relacionada con la facturación de prestaciones médicas en el ámbito del IPS, que habría involucrado a prestadores y proveedores con posibles sobrefacturaciones millonarias. La segunda, motivada por declaraciones del ministro de Salud, Federico Mangione, sobre presuntas anomalías en el tratamiento y reporte de pacientes con hemofilia, en el marco de un convenio con la Fundación Hemofilia de Salta, rescindido en enero de este año.
En ambos casos, la Fiscalía solicitó documentación detallada a los organismos involucrados: copias autenticadas de convenios, pagos realizados, informes de auditorías y el estado de las rendiciones de cuentas. El objetivo es claro: determinar si hubo delitos de acción pública que ameriten imputaciones penales.
Las sospechas que ahora investiga la justicia ya habían sido anticipadas, con crudeza, por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, una de las voces más críticas dentro del oficialismo. La diputada no solo celebró la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de retirar el proyecto original —que, en los hechos, apuntaba a una reestructuración profunda del IPS—, sino que además denunció públicamente la existencia de “privilegios históricos”, “manejos espurios” y “negocios cruzados” que afectaron el funcionamiento y la sostenibilidad de la obra social.
Cartuccia fue incluso más lejos al vincular la sobrefacturación con intereses políticos y empresariales: señaló que uno de los dueños de clínicas involucradas en los convenios es un senador nacional, identificado por ella como parte del entramado que habría buscado, desde hace tiempo, vaciar financieramente el IPS para justificar su privatización. “Hay intereses que son superiores a la gobernabilidad del doctor Gustavo Sáenz”, advirtió, dejando entrever presiones internas y externas al propio gobierno.
Los hechos parecen darle sustento: un convenio firmado por la anterior gestión del IPS permitía a determinadas clínicas cobrar un 40% por encima del valor habitual del nomenclador. Esto duplicó en cuestión de meses el volumen facturado. A esto se suman prácticas de reintegros de medicamentos y leche especializada con sobreprecios escandalosos: mientras el IPS paga 250.000 pesos en reintegro por una unidad, podría adquirirla directamente por 74.000 pesos.
Convenio con la Fundación de Hemofilia
El ministro Mangione, por su parte, fue quien dio la señal de alerta sobre la Fundación de Hemofilia. En enero anunció el fin del convenio tras un informe de la Sindicatura General que cuestionaba el número de pacientes reportados —500 casos en Salta frente a una media esperada de menos de la mitad— y el suministro de tratamientos innecesarios que podrían haber derivado en daños médicos irreversibles.
A pesar de que el convenio fue rescindido hace casi cinco meses, la investigación judicial se activó ahora a partir de las declaraciones del propio ministro de Salud.
Soluciones?
En este clima de tensión, el Gobierno conformó una comisión especial para trabajar en una reforma integral del IPS, que incluye a representantes del Ejecutivo, del Legislativo y del propio instituto. Entre sus objetivos, se buscará revisar la Ley de creación del IPS (Ley 7127), corregir el desequilibrio en el sistema de aportes, transparentar los convenios con prestadores y evitar el creciente desfinanciamiento. Algunas fuentes hablan de un déficit mensual de 6.000 millones de pesos.
El caso del IPS es mucho más que un conflicto técnico o financiero. Lo que está en juego es el acceso a la salud de más de 300.000 salteños y la credibilidad de las instituciones que deben garantizarla. Las denuncias cruzadas, los intereses políticos, y las sospechas de vaciamiento configuran un escenario en el que el sistema de salud pública, una vez más, aparece como rehén de disputas de poder.
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