El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró el avance de la reforma migratoria impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, remarcando que se trata de una medida largamente reclamada por su provincia, dada su condición de zona fronteriza con pasos internacionales.
“Celebro la decisión del Presidente Milei y de la Ministra Bullrich de avanzar con la reforma migratoria. Desde Salta la venimos pidiendo desde que asumí como Gobernador”, afirmó Gustavo Sáenz, señalando un reclamo genuino que proviene del interior del país y sobre todo, de provincias fronterizas.
Sin embargo, a pesar del respaldo oficial y de la necesidad de regular los flujos migratorios, esta reforma del presidente Javier Milei, plantea más interrogantes que certezas.
La genuina insistencia del gobernador en la necesidad de “dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país” apunta a un problema real, pero la respuesta oficial a través del Decreto 366/2025 parece quedarse en meros discursos sin un plan claro y viable que garantice controles efectivos sin afectar derechos básicos.
El texto legal, aunque incorpora medidas para controlar el acceso a beneficios sociales y establece mecanismos judiciales para la expulsión y el control, no despeja las dudas sobre el alcance real de estas reformas en la práctica cotidiana. A modo de ejemplo, la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión parece más un intento de atraer capitales extranjeros que un mecanismo serio para ordenar la migración, con riesgos evidentes de mercantilización de la nacionalidad que deben ser cuidadosamente evaluados.
Además, la reforma omite abordar aspectos fundamentales como la integración social y laboral de los migrantes, así como la garantía de derechos humanos esenciales en un contexto de creciente intolerancia social hacia los extranjeros. La eliminación de recursos y vías administrativas para la reconsideración de actos migratorios podría dejar a los migrantes en una situación de vulnerabilidad jurídica, un punto que no puede ser ignorado.
Es fundamental reconocer que el problema migratorio en provincias como Salta no se resolverá solo con controles más estrictos o la suspensión de planes sociales. Se requiere un enfoque integral, que incluya políticas sociales inclusivas, inversión en infraestructura en las zonas fronterizas, y un sistema de control que respete el debido proceso y los derechos de las personas.
En definitiva, el respaldo del gobernador Sáenz a esta reforma pone en evidencia la urgencia de ordenar la cuestión migratoria, pero el marco legal recientemente dado a conocer debe ser revisado con rigor para evitar que se convierta en un instrumento que, más allá de proteger la soberanía, termine desprotegiendo a quienes viven y trabajan en nuestro país, y que carezca de efectividad en su implementación.
La reforma migratoria representa un paso, sí, pero corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones y medidas simbólicas si no se acompaña con políticas públicas sólidas y un compromiso real con la justicia social.
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