Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF presentaron en Nueva York un pedido formal para que la jueza Loretta Preska declare en desacato a la Argentina y le aplique sanciones por presuntas demoras en la entrega de documentación exigida por la Justicia estadounidense. El Gobierno rechazó la acusación y aseguró que cumplió “plena y ampliamente” con el proceso judicial.
El planteo fue presentado por Petersen y Eton Park, con el respaldo del estudio Burford Capital, y está vinculado al proceso de discovery, ordenado por Preska el 29 de julio de 2025. Esa decisión obliga al Estado argentino a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios en funciones y de exfuncionarios vinculados al caso.
Según los demandantes, la Argentina no entregó la totalidad de las comunicaciones requeridas, lo que justificaría la aplicación de sanciones adicionales. En particular, la jueza había ordenado el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del exministro de Economía Sergio Massa, del actual titular de esa cartera, Luis Caputo, del canciller Pablo Quirno, y de otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.
La defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro, responderá formalmente el 19 de febrero. La réplica de los demandantes está prevista para el 5 de marzo y, según el cronograma judicial, las audiencias probatorias se realizarán los días 23 y 24 de marzo, cuando Preska podría definir si hace lugar o no al pedido de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la presentación y afirmaron que el país “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de distintos funcionarios del Gobierno argentino.
Además del desacato, los fondos solicitaron un paquete de cinco sanciones contra la Argentina. Entre ellas, pidieron que se declare el carácter de “alter ego” de distintos entes estatales, como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas; la imposición de sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para el Estado; y una multa coercitiva de un millón de dólares diarios mientras persista el supuesto incumplimiento.
Según explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, los demandantes buscan demostrar que esos organismos carecen de independencia operativa y legal y que funcionan como una extensión directa del Estado argentino, una línea argumental que ya fue parte del fallo de primera instancia que condenó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.
El proceso de discovery se extendió durante 2024 y estuvo marcado por negociaciones entre los abogados del Estado y los fondos demandantes. En un inicio, Burford y Eton Park habían solicitado información de 27 funcionarios, una lista que el Gobierno intentó reducir sin éxito, hasta que finalmente fue la jueza Preska quien definió los nombres alcanzados por la orden.
En el escrito presentado esta semana, los demandantes sostuvieron que, “a pesar de la clara demostración” de la capacidad de la Argentina para producir las comunicaciones requeridas, el país “se ha negado a presentarlas” y dejó en evidencia que “no tiene intención de hacerlo”.
Desde el Gobierno calificaron el pedido como un nuevo intento de Burford Capital de “hostigar” a la Argentina mediante requerimientos de discovery que consideraron “intrusivos y desproporcionados”. Además, señalaron que la solicitud de sanciones debe analizarse en el contexto de recientes avances judiciales favorables al país, que habrían debilitado la posición procesal de los fondos.
“La Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes nacionales”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro, mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos analiza las apelaciones presentadas contra las órdenes dictadas por el tribunal de primera instancia.
Comments